La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) calificó, a través de una Resolución Oficial (Resolución 187/2025), a los grupos de personas con diversos problemas cognitivos utilizando términos como “Idiota”, “imbécil, «débil mental» y “retardado”. La agencia que preside el ex abogado personal de Javier Milei, Diego Spagnuolo publicó dicha resolución con el propósito de justificar la baja a 200 mil pensiones por discapacidad con las siguientes oraciones:
- “Según el CI los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero…”,
- “30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias..”
- “50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias”
- ”RETARDOS MENTALES: Se trata de un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual”.
“Es un retroceso sin precedentes en materia de derechos y grafica lo que los funcionarios están haciendo» con las personas con alguna dificultad cognitiva señaló Ana Dones de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
La violencia institucional en el discurso del gobierno Argentino parece no tener límites y ya constituye el factor más decisivo en la construcción de «odio» que anima a la sociedad libertaria. . Resulta innecesario ahondar en el carácter discriminatorio, obsoleto y peyorativo que ostentan estas formas de nombrar. Y más pensoso cuando se produce un enorme silencio de la mayoría de la expresiones políticas sobre el tema.
Por su lado, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), también expresó su “repudio”. “El uso de esta terminología no solo contradice los principios de respeto e inclusión promovidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Argentina a través de la ley 26.378 en 2008, sino que también atenta contra décadas de avances en la construcción de una sociedad más equitativa y libre de discriminación. La discapacidad no puede ni debe ser definida a partir de criterios que perpetúan la exclusión y el desprecio hacia quienes forman parte de esta comunidad”, sostiene la entidad.