La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, reconoció un dato estremecedor: durante 2025 los suicidios entre integrantes de las fuerzas federales aumentaron un 30% respecto de 2024.
La revelación adquiere todavía mayor gravedad porque la propia funcionaria admitió que dentro de las fuerzas existen efectivos atravesados por problemas de endeudamiento formal e informal y dificultades económicas. Monteoliva sostuvo que el fenómeno responde a distintos factores y que el Ministerio trabaja sobre salud mental y asistencia financiera.
Pero detrás de las explicaciones oficiales aparece una realidad imposible de disimular: el Estado exige cada vez más a hombres y mujeres que cumplen tareas de enorme responsabilidad mientras buena parte de los escalones inferiores continúa percibiendo salarios extremadamente ajustados.
Las escalas vigentes durante 2026 muestran la magnitud del problema.
En Gendarmería Nacional, el haber mensual correspondiente a un Gendarme II es de $711.920, mientras que en Prefectura Naval un marinero tiene asignados $783.112.
En la Policía Federal, los escalafones inferiores también se encuentran lejos de los ingresos de las jerarquías superiores. En tanto, en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, un comisionado general supera los $1,4 millones, mientras un aspirante a oficial tiene asignado un haber considerablemente menor.
Son hombres y mujeres a los que el Estado les entrega un arma, les exige enfrentar narcotraficantes, custodiar fronteras, intervenir en procedimientos peligrosos, trabajar durante jornadas extenuantes y asumir diariamente responsabilidades que pueden involucrar su propia vida.
Y al mismo tiempo, la ministra responsable de esas fuerzas reconoce que existen efectivos endeudados.
El dato más alarmante, sin embargo, sigue siendo otro: los suicidios aumentaron 30% en apenas un año.
Monteoliva intentó contextualizar la situación asegurando que el problema también creció en el conjunto de la sociedad argentina y que las fuerzas federales “no escapan” a esa realidad.
Pero las fuerzas federales no son simplemente otro sector de la sociedad para el Ministerio de Seguridad: son trabajadores que dependen directamente del Estado nacional y están bajo su responsabilidad.
El propio Gobierno tiene la obligación de garantizar salarios adecuados, condiciones laborales dignas, asistencia psicológica efectiva y mecanismos de prevención para trabajadores que, además, tienen acceso permanente a armas de fuego.
Por eso resulta preocupante que semejante incremento pueda ser explicado simplemente como parte de una tendencia general.
La discusión tampoco puede limitarse a las estadísticas.
Detrás de cada porcentaje existe una persona. Un policía. Un gendarme. Un prefecto. Una familia.
Monteoliva reconoció además que existen deudas formales e informales entre integrantes de las fuerzas y aseguró que desde el Ministerio comenzaron a trabajar en herramientas para ordenar esas situaciones.
La pregunta inevitable es por qué se llegó hasta este punto.
Si quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad necesitan endeudarse para sostener económicamente sus hogares, el problema dejó hace mucho tiempo de ser exclusivamente individual.
Es también un problema salarial, laboral y del propio Estado.
La situación resulta todavía más contradictoria frente al discurso permanente del Gobierno de Javier Milei sobre el respaldo a las fuerzas de seguridad.
Porque respaldar a las fuerzas no puede reducirse a discursos, operativos televisados o consignas políticas.
También significa pagar salarios acordes, garantizar condiciones dignas de trabajo y cuidar la salud mental de quienes todos los días son enviados a enfrentar algunas de las situaciones más violentas y estresantes de la sociedad.
El incremento del 30% en los suicidios durante 2025 debería haber encendido todas las alarmas.
Y el reconocimiento oficial de que existen efectivos endeudados demuestra que detrás de los uniformes existe una realidad económica que el Gobierno ya no puede esconder.
No alcanza con decir que las fuerzas son esenciales mientras algunos de sus integrantes cuentan los pesos para llegar a fin de mes.
Mucho menos cuando la propia ministra de Seguridad reconoce que dentro de esas mismas fuerzas los suicidios aumentaron un 30% en solamente un año.