La diputada nacional Marcela Pagano presentó ocho pedidos de informes para investigar contrataciones millonarias de fotocopiadoras en distintas dependencias del Estado nacional. Según la denuncia, el Gobierno paga hasta 2,4 millones de pesos anuales por alquilar máquinas que podrían comprarse por 1,4 millones.
Un nuevo escándalo por el manejo de los recursos públicos salpica al Gobierno de Javier Milei. Mientras la administración libertaria sostiene un discurso de austeridad y reducción del gasto estatal, una investigación periodística puso bajo la lupa contratos millonarios destinados al alquiler de fotocopiadoras.
La diputada nacional Marcela Pagano elevó ocho pedidos de informes a diferentes organismos para conocer los detalles de las contrataciones realizadas con la empresa TNGROUP SA, vinculada al empresario brasileño Alejandro Trasmonte.
Según la información difundida por La Política Online y una investigación de Canal 9 y C5N, el Estado estaría pagando alrededor de 2,4 millones de pesos anuales por cada fotocopiadora alquilada, cuando el valor de compra de una máquina sería de aproximadamente 1,4 millones de pesos.
Es decir, el Gobierno estaría pagando por un solo año de alquiler un 71% más de lo que costaría comprar directamente el equipo.
Entre los organismos mencionados aparecen ARCA, ANSES y el Ministerio de Capital Humano, dependencias que forman parte de una estructura estatal sobre la cual Milei prometió aplicar un estricto control del gasto público.
La polémica también alcanza a gobiernos anteriores. Según la investigación difundida, Trasmonte mantiene vínculos comerciales con el Estado desde la presidencia de Néstor Kirchner, aunque sus contratos habrían aumentado considerablemente durante las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Ahora, los pedidos de informes buscan determinar cuánto dinero se destinó a estas contrataciones, bajo qué condiciones fueron adjudicadas y si existieron alternativas más económicas para el Estado.
La contradicción política es evidente: mientras Milei exige sacrificios a los argentinos y defiende el ajuste como una necesidad inevitable, su propia administración enfrenta cuestionamientos por contratos de alquiler que podrían superar ampliamente el costo de compra de los equipos.