El año arrancó con polémica en Jesús María. Esto a raíz de la fiesta electrónica habilitada por la Municipalidad de esa ciudad en el predio La Quinta donde había más de 2.000 personas. Aseguran que muchas de ellas eran menores de edad.
Según trascendió, hubo intervención de las fuerzas de seguridad locales ante fuertes sospechas de consumo y circulación de drogas sintéticas, una situación que habría sido advertida incluso antes del inicio de la fiesta. La presencia de menores entre el público encendió aún más las alarmas y dejó expuestas graves falencias en los controles de ingreso y fiscalización.
A esto se suma una presunta violación a las ordenanzas municipales de espectáculos públicos, que en Jesús María establecen que boliches y locales de esparcimiento nocturno deben cerrar sus puertas a las 5 de la mañana. Sin embargo, la fiesta electrónica de la Quinta fue promocionada como una experiencia para “ver el amanecer” desde el lugar, lo que implicó una extensión del horario del evento, en abierta contradicción con la normativa vigente.
Este punto generó fuertes cuestionamientos, ya que no se trataría de un exceso aislado durante el desarrollo del evento, sino de una condición anunciada previamente en la difusión oficial de la fiesta, lo que abre interrogantes sobre qué tipo de habilitación se otorgó, bajo qué excepciones y quién autorizó un horario expresamente prohibido por las ordenanzas locales.
En el plano político, el escándalo escaló luego de que versiones y denuncias informales señalaran que los organizadores del evento serían personas con negocios cuestionados, y que mantendrían vínculos con el entorno de la familia del diputado nacional Luis Picat. Si bien hasta el momento no existe información judicial que confirme estas relaciones, el señalamiento generó malestar y pedidos de explicaciones.
El caso volvió a poner bajo la lupa el rol del municipio en la habilitación de eventos masivos, el cumplimiento de las ordenanzas locales y la falta de controles efectivos, tanto en materia de horarios como de seguridad, consumo de sustancias y presencia de menores. Hasta el momento, la Municipalidad de Jesús María no emitió un comunicado oficial aclarando por qué se permitió el evento en esas condiciones ni si se iniciarán investigaciones administrativas, mientras el episodio sigue sumando críticas y preguntas sin respuesta.
Concejales de la oposición realizarán un pedido de informes para saber el nivel de complicidad del Intendente Federico Zárate y sus funcionarios ya que aún esta latente la fiesta electrónica realizada en julio pasado en la estancia jesuitica donde hubo 4 detenidos y secuestro de drogas.