La polémica por la compra de drones por parte del Gobierno de Córdoba terminó de desnudar una estrategia conocida del juecismo: gritar “escándalo” antes de leer un expediente, sembrar sospechas sin pruebas y retirarse del debate cuando aparecen los datos.
Desde el espacio que lidera Luis Juez se intentó instalar la idea de una maniobra oscura, con cifras infladas y supuestos negocios incompatibles con la función pública. Sin embargo, hasta el momento, la denuncia no pasó del terreno del ruido político. No hubo presentación concreta en la Justicia, no se señalaron irregularidades técnicas precisas ni se refutó el procedimiento administrativo. Solo consignas y sospechas.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, fue claro al responder los cuestionamientos: explicó que la compra se realizó para fortalecer tareas de prevención, patrullaje aéreo y apoyo a operativos de seguridad, y remarcó que el proceso se ajustó a los mecanismos legales vigentes. Lejos de una adquisición caprichosa, Quinteros defendió la incorporación de tecnología que hoy utilizan fuerzas de seguridad en todo el país y cuya eficacia está ampliamente probada.
Pero el juecismo eligió ignorar esa explicación. No pidió informes técnicos, no solicitó auditorías externas ni propuso una comisión de seguimiento. Prefirió el atajo: instalar la sospecha como verdad revelada. Una lógica peligrosa que degrada el control democrático y convierte la oposición en un ejercicio de difamación permanente.
En la misma línea, el legislador Miguel Siciliano apuntó contra lo que definió como una oposición que “confunde control con obstrucción” y que “utiliza la mentira como herramienta política”. Siciliano recordó que, cuando el juecismo tuvo responsabilidades ejecutivas, no se caracterizó precisamente por estándares más altos de transparencia ni por un apego ejemplar a los procedimientos que hoy exige con tono moralista.
La doble vara es evidente. El mismo espacio que durante años administró recursos públicos sin rendir cuentas exhaustivas ahora se presenta como fiscal implacable, pero sin la seriedad mínima que requiere una denuncia institucional. El resultado es un show político que busca erosionar al oficialismo sin aportar una sola mejora concreta a la gestión pública.
Córdoba necesita una oposición firme, sí, pero también adulta y responsable. El juecismo, en cambio, vuelve a apostar a la lógica del escándalo permanente: mucho micrófono, pocos papeles; mucha indignación selectiva, cero propuestas. Si hay irregularidades en la compra de drones, que las prueben. Si no, que expliquen por qué prefieren el circo antes que el control serio. Porque cuando la política se reduce a la sospecha constante, los que pierden no son los gobiernos: pierde la democracia.