En los últimos días, la Legislatura de la Provincia de Córdoba ha vuelto a ser el foco de atención tras la publicación de una lista oficial que detalla a sus empleados contratados. Según la información difundida el pasado 28 de marzo de 2025 en el portal de Datos Abiertos de la institución, el Poder Legislativo cuenta con un total de 1.054 personas bajo esta modalidad. Este número, que ha generado controversia, se divide en dos grandes grupos: 343 asistentes parlamentarios asignados directamente a los 70 legisladores que integran la Cámara, y 711 «asistentes legislativos no permanentes», cuya función específica no ha sido detallada en el documento.
La divulgación de esta nómina llega en un contexto de creciente escrutinio público, impulsado por casos recientes que han puesto en duda la transparencia en la gestión de los recursos humanos de la Legislatura. Uno de los detonantes fue el escándalo conocido como el «Caso Kraisman», que involucra al exconcejal Guillermo Kraisman y a Virginia Martínez, una supuesta empleada contratada que, según investigaciones en curso, podría no haber prestado servicios efectivos. Este episodio, actualmente bajo la lupa del Fuero Anticorrupción, ha avivado las sospechas sobre la existencia de «empleados fantasmas» en la estructura legislativa.
Entre los nombres que figuran en la lista, se destacan algunos que han captado la atención mediática, como el de Erick Kammerath, un conocido youtuber libertario que asesora al legislador Gregorio Hernández Maqueda, y Gastón Turus, exfutbolista de Belgrano vinculado al peronismo local. También aparece Christina Elizabeth Vidal, pareja del exlegislador Oscar González, quien enfrenta una situación judicial tras un accidente vial. Estos casos han alimentado el debate sobre los criterios de contratación y la utilidad real de tantos asistentes en una institución cuya actividad legislativa es cuestionada por su baja productividad en algunos sectores de la opinión pública. También figura el ex intendente de Unquillo, Germán Jalil quien fuera condenado a prisión es suspenso por un grave hecho de corrupción ocurrido en aquella localidad cuando el mencionado no presentó los números de los corsos.
La vicegobernadora Myrian Prunotto, quien preside la Legislatura, se encuentra en el centro de la polémica. En declaraciones recientes, admitió la posibilidad de irregularidades, aunque insistió en que cada contratación requiere el aval de un legislador. Sin embargo, la magnitud del personal contratado —un promedio de casi cinco asistentes por legislador, sin contar los 711 adicionales— ha llevado a críticos a calificar la situación como «escalofriante», especialmente considerando el presupuesto que esto implica para el erario público.
La publicación de la lista responde, en parte, a la presión de medios como La Voz del Interior, que hace más de un mes y medio venía solicitando esta información amparándose en la Ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado. Aunque el gesto busca mostrar transparencia, la falta de detalles sobre las tareas de los 711 contratados «no permanentes» y los sueldos correspondientes deja abiertas muchas preguntas. Mientras la investigación judicial avanza y la sociedad cordobesa exige respuestas, la Legislatura enfrenta el desafío de justificar la necesidad y el rol de cada uno de estos empleados en un momento de creciente demanda por eficiencia y accountability en la gestión pública.