Las abogadas querellantes en el juicio del ARA San Juan, Valeria Carreras y Lorena Arias, advirtieron, en medio del juicio que se lleva adelante en los Tribunales Federales de Santa Cruz, una fu erte “presión mediática y política” sobre el Tribunal Oral Federal que juzga el hundimiento del submarino sucedido en 2017.
En declaraciones a la prensa, las letradas señalaron que se pretende “instalar una operación mediática con la idea de que no saber qué pasó” y “no existan las condenas” para los responsables de las muertes de los 44 tripulantes del submarino.
Esa fue la línea argumental desde el inicio que les permitió a los cordobeses Oscar Aguad, por entonces Ministro de Defensa de Mauricio Macri, y a la concejal juecista Graciela Villata, secretaria de Servicios Logísticos para la Defensa en la cartera, quitarse las responsabilidades sobre la tragedia y ni siquiera llegar a un juicio por sus no-actuaciones para resguardar la seguridad del submarino.
“A pocos días de que el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dicte veredicto por el hundimiento del ARA San Juan y la muerte de sus 44 tripulantes, distintos medios nacionales vienen replicando, nota tras nota, los argumentos de las defensas de los acusados. No es casualidad. Es presión y la denunciamos. La operación mediática es clara: instalar la idea de que ‘no se sabe qué pasó’ y que, por lo tanto, no debe haber condenas, y eso es falso”, afirmó Carreras.
El «no se sabe qué pasó» fue el eje de Aguad y Villata para desconocer sus indolencias y compromisos en la muerte de los marinos argentinos.
Asimismo, indicaron que dicha prueba “ya fue evaluada tres veces” y en todas obtuvieron el mismo resultado: la instrucción, en enero de 2020, “procesó a los responsables con esa prueba” y la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en noviembre del mismo año, “confirmó esos procesamientos” con las mismas evidencias.
Además, el Consejo de Guerra de la propia Armada Argentina, también con esas prueba, encontró “elementos suficientes para destituir a oficiales superiores”.
En tal sentido, Carreras y Arias sostuvieron que “no hace falta una prueba nueva, hace falta que el Tribunal no ceda ante la presión. Ocho años y ocho meses de excusas”.
“En este tiempo, la estrategia de las defensas fue mutando: primero la apertura accidental de una válvula, después la responsabilidad de la tripulación, después la del comandante fallecido que no puede defenderse, y ahora la comparación de un imputado con un héroe de la mitología griega, un ‘Ulises contemporáneo’. Todo, menos hacerse cargo de sus actos y de sus omisiones”, plantearon.
Cuatro oficiales en el banquillo
El juicio por el hundimiento del ARA San Juan comenzó en marzo de este año y busca determinar las responsabilidades penales de cuatro altos mandos de la Armada por la muerte de 44 tripulantes: Luis López Mazzeo,excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval; Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos; Héctor Alonso, exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Correa, exjefe del Departamento de Operaciones.
Paralelamente, pretende esclarecer si estos cuatro militares permitieron que el submarino zarpara y operara, a pesar de presentar deficiencias técnicas y controles pendientes.
“Nosotras representamos a suboficiales y familiares sin padrinos políticos, sin fortuna. Muchos de ellos lejos de Buenos Aires, en sus provincias, que desde hace ocho años piden justicia y que vivieron en carne propia las consecuencias del accionar de los altos mandos de la Armada Argentina”, remarcaron las abogadas.
Ante la agencia Noticias Argentinas remataron que “este juicio no es contra la Armada. Es por 44 hombres que la integraban y que perdieron la vida por decisiones y omisiones de sus superiores. No nos subestimen. El mar no los hundió. Fueron los hombres. Y deben ser condenados”.
Claro que faltan los civiles Aguad y Villata a quienes el poder judicial les permite seguir