Por Romualdo de la Hoya
El Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso expone con nitidez la prioridad del gobierno de Javier Milei: sostener el equilibrio fiscal aun a costa de desfinanciar áreas clave para el desarrollo social. Bajo el discurso de la “motosierra” y la eficiencia del gasto, la educación y la salud vuelven a quedar entre las más golpeadas, con recortes reales que anticipan un año crítico para escuelas, universidades y hospitales públicos.
En educación, el gasto previsto ronda los $11,2 billones, apenas un 4,8% del gasto total, y con una caída real estimada cercana al 10% frente a 2025. La inversión nacional quedará alrededor del 0,9% del PBI, muy lejos del 6% que establece la Ley de Financiamiento Educativo, una meta que el propio Estado vuelve a incumplir. En los hechos, el presupuesto consolida el retiro de la Nación del sistema educativo y traslada la responsabilidad a provincias y municipios, sin garantizarles recursos suficientes.
Las universidades nacionales recibirán unos $4,3 billones, con aumentos nominales que apenas empatan la inflación proyectada. Rectores advierten que los fondos alcanzarán solo para “mantener las luces prendidas”, sin margen para investigación, infraestructura ni actualización tecnológica. Las partidas para obras, equipamiento, becas y conectividad muestran recortes reales de hasta 20%, lo que amenaza con profundizar la deserción y el deterioro edilicio.
La educación técnica, clave para la formación laboral, queda prácticamente congelada: el fondo específico pierde poder de compra y compromete talleres, insumos y obras en escuelas técnicas de todo el país. Para los gremios docentes, el mensaje es claro: menos inversión hoy, menos oportunidades mañana.
El panorama en salud no es distinto. El Presupuesto 2026 asigna alrededor de $8,6 billones, apenas el 3,7% del gasto total, con una caída real de entre 8 y 12%. La inversión sanitaria nacional se ubica cerca del 0,7% del PBI, uno de los niveles más bajos de los últimos años, en un contexto de demanda creciente en hospitales públicos.
Si bien los grandes hospitales nacionales como el Garrahan o el Posadas tendrán subas nominales, los programas sanitarios son los más castigados: prevención de enfermedades, salud materno-infantil, VIH, tuberculosis y compra de medicamentos y vacunas pierden poder de compra en un sector donde muchos insumos están dolarizados. Especialistas advierten que esto puede traducirse en faltantes, demoras en tratamientos y mayor presión sobre provincias y municipios.
El recorte a las transferencias sanitarias a las provincias refuerza esa tendencia: la Nación se retira, pero no hay garantías de que los distritos puedan absorber el costo. El resultado probable es un sistema más fragmentado y desigual, donde la calidad de la atención dependa cada vez más del lugar de residencia.
Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo defiende el esquema con el argumento de que “no hay plata” y que el superávit es condición para estabilizar la macroeconomía. Sin embargo, para la oposición y los trabajadores del sector, el ajuste no es neutral: se hace sobre derechos básicos, mientras se mantienen beneficios impositivos a sectores concentrados y se prioriza el pago de la deuda.
En los hechos, el Presupuesto 2026 consolida un modelo en el que el equilibrio fiscal se convierte en un fin en sí mismo, incluso si el costo es el deterioro de la educación pública y del sistema de salud. Aulas con menos recursos y hospitales más desbordados son la contracara social de un programa económico que promete futuro, pero ajusta fuerte en el presente.