Por Margarita Goycoechea y Romualdo de la Hoya
La polémica por el viaje de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el avión presidencial rumbo a Estados Unidos no deja de crecer. Mientras el funcionario intenta minimizar el episodio asegurando que “no le sacamos un peso al Estado”, las preguntas que surgen no se limitan solo al uso de aeronaves oficiales: también apuntan al patrimonio y al nivel de gastos personales de quienes llegaron al poder prometiendo terminar con “la casta”.
La controversia comenzó cuando se confirmó que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, formó parte del vuelo oficial que trasladó a la comitiva presidencial a Nueva York en el marco de la llamada “Argentina Week”. El propio jefe de Gabinete lo reconoció públicamente y explicó que simplemente “quería que lo acompañe” durante el viaje. Según su versión, la presencia de su pareja no habría implicado gastos adicionales para el Estado porque el avión iba a volar de todas formas.
Sin embargo, la explicación está lejos de cerrar el debate. El avión presidencial no es un taxi ni un transporte personal: es un recurso público destinado exclusivamente a funciones oficiales. La presencia de familiares sin rol institucional plantea interrogantes sobre los criterios con los que se autorizan estas comitivas y sobre la verdadera austeridad del gobierno que llegó al poder prometiendo eliminar privilegios.
Pero el problema no termina en el avión. Un tuit que circuló en las últimas horas expone un dato que agrava el cuadro: el matrimonio habría gastado más de 300 millones de pesos en tarjetas de crédito, con consumos mensuales cercanos a los 15 millones. Son cifras que no parecen compatibles con los ingresos declarados de un funcionario público.
El contraste resulta brutal. Mientras el gobierno aplica un ajuste feroz que golpea a jubilados, trabajadores estatales y universidades, algunos de sus principales funcionarios aparecen envueltos en gastos personales que parecen propios de una elite económica. La pregunta inevitable es cómo se financia ese nivel de vida y si los patrimonios declarados reflejan realmente la realidad económica de quienes gobiernan.
La narrativa oficial construida durante la campaña se basaba en la idea de que la política tradicional vivía de privilegios, aviones oficiales y gastos injustificables. Hoy, los mismos dirigentes que prometían terminar con esas prácticas se ven obligados a explicar por qué familiares viajan en aeronaves del Estado y cómo sostienen patrimonios que no cierran con sus ingresos públicos.
El escándalo, en definitiva, revela una contradicción que empieza a hacerse evidente: quienes se presentaron como la antítesis de la casta política están cada vez más obligados a justificar comportamientos que se parecen demasiado a aquello que juraron combatir.
Porque el problema ya no es solo quién se sube al avión presidencial. El problema es que cada nuevo dato vuelve a abrir la misma pregunta: si vinieron a terminar con los privilegios, ¿por qué sus vidas empiezan a parecerse tanto a las de la casta que prometían eliminar?