El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como «Vialidad». Este fallo, vinculado a irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, marca un hito en la historia judicial del país, pero también ha desatado una intensa controversia sobre la presión política ejercida sobre el Poder Judicial y las implicancias para el peronismo.
El caso Vialidad y la condena
La causa Vialidad investigó el presunto direccionamiento de contratos de obra pública a empresas del empresario Lázaro Báez, considerado cercano a la familia Kirchner. Según el fallo, estas maniobras defraudaron al Estado por más de 84.000 millones de pesos (unos 84 millones de dólares al tipo de cambio actual). La sentencia, ratificada inicialmente por la Cámara de Casación Penal en noviembre de 2024, encontró a Fernández culpable de administración fraudulenta, aunque descartó el delito de asociación ilícita solicitado por la fiscalía. Además de Fernández, fueron condenados exfuncionarios como José López y Nelson Periotti, así como el propio Báez, todos con penas de seis años.
El fallo de la Corte Suprema, integrado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los argumentos de la defensa de Fernández, que denunciaba irregularidades procesales y falta de pruebas directas. Sin embargo, la condena no implica prisión inmediata, ya que Fernández, de 71 años, podría solicitar prisión domiciliaria por su edad en caso de que el fallo quede firme.
Presión política y acusaciones de lawfare
La ratificación de la condena ha reavivado las acusaciones de «lawfare» por parte de Fernández y sus seguidores. La expresidenta ha sostenido que el proceso es una persecución política orquestada por sectores judiciales y mediáticos ligados a sus adversarios, en particular al expresidente Mauricio Macri (2015-2019). En un comunicado previo al fallo de Casación, Fernández afirmó que el objetivo era su «proscripción política de por vida» para impedir su participación en las elecciones legislativas de 2025.
Desde el kirchnerismo, figuras como Axel Kicillof y Leopoldo Moreau han denunciado una campaña mediática para presionar a la Corte Suprema y acelerar un fallo condenatorio. Posts en X reflejan esta percepción, señalando que sectores judiciales y mediáticos buscan «venganza» contra Fernández, especialmente en un contexto electoral. Por ejemplo, Moreau advirtió sobre una «fuerte presión mediática» para obtener un «fallo proscriptivo» antes de las elecciones.
Por otro lado, el presidente Javier Milei celebró la ratificación, afirmando que «hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción». Esta postura, junto con la decisión del Gobierno de preparar un protocolo antipiquetes ante posibles movilizaciones peronistas, evidencia la polarización política que rodea el caso.
Repercusiones y el futuro del peronismo
La condena ha generado tensión en la sede del Partido Justicialista (PJ), donde Fernández asumió recientemente la presidencia para reorganizar al peronismo de cara a las elecciones de 2025. Militantes se congregaron en apoyo a la expresidenta, mientras figuras como Juan Grabois calificaron una eventual detención como «el inicio de una virtual dictadura».
El fallo plantea interrogantes sobre el futuro político de Fernández. Si la condena se ejecuta antes del 17 de agosto de 2025, fecha límite para oficializar candidaturas, Fernández quedaría inhabilitada para competir. Sin embargo, si la Corte demora su resolución final, podría presentarse y, en caso de ser electa, su situación dependería de decisiones políticas en el Congreso.
Un caso emblemático
La ratificación de la condena a Cristina Fernández no solo es un capítulo clave en la lucha contra la corrupción en Argentina, sino también un reflejo de las profundas divisiones políticas del país. Mientras sus detractores celebran el fin de la «impunidad», sus seguidores ven en el fallo una maniobra para neutralizar a una líder que sigue siendo central en el tablero político. La resolución final de la Corte Suprema, que podría demorar meses o años, será determinante no solo para Fernández, sino para el futuro del peronismo y la dinámica electoral argentina.
La presión efectiva sobre Fernández, ya sea judicial o política, no parece disminuir. Como ella misma expresó en un acto reciente: «No me van a hacer callar». El desenlace de este caso seguirá siendo un termómetro de la salud democrática en Argentina.