El vocero presidencial Adrián Ravier volvió a quedar envuelto en una controversia por difundir un dato que no pudo sostener cuando fue confrontado por periodistas. Durante una conferencia de prensa aseguró que “el 39% exacto” de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la UBA son extranjeros, pero, al ser consultado sobre el origen de esa cifra y su contradicción con los registros oficiales de la universidad, terminó reconociendo: “Si es falso, lo revisaremos”.
El episodio reavivó los cuestionamientos sobre la calidad de la información que difunde la vocería presidencial. No es la primera vez que declaraciones de Ravier generan rectificaciones, desmentidas o controversias por datos discutidos o afirmaciones que luego deben ser aclaradas.
En esta oportunidad, el funcionario presentó como un dato preciso una cifra que la propia Universidad de Buenos Aires desmintió públicamente. Desde la institución señalaron que los estudiantes extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representan una proporción muy inferior a la mencionada por el vocero y pusieron a disposición los registros oficiales para demostrarlo.
Lejos de defender con documentación la cifra que había presentado como “exacta”, Ravier respondió que, si el dato no era correcto, sería revisado. La frase dejó expuesta una contradicción difícil de explicar: el Gobierno utilizó ese porcentaje como uno de los principales argumentos para justificar cambios en el financiamiento universitario, pero terminó admitiendo que ni siquiera tenía certeza sobre su veracidad.
La situación volvió a abrir interrogantes sobre el rigor con el que la vocería presidencial comunica información pública. Cuando quien habla en nombre del Gobierno presenta estadísticas como si fueran incuestionables y luego reconoce que podrían ser falsas, el problema deja de ser un error aislado para transformarse en una cuestión de credibilidad institucional.
La discusión ya no pasa únicamente por cuántos estudiantes extranjeros cursan Medicina en la UBA. También pone el foco en la responsabilidad de un vocero oficial, cuya función exige respaldar cada afirmación con datos verificables antes de convertirlos en argumentos de políticas públicas.