Bajo el paraguas de la reforma laboral, el Gobierno avanza en silencio con un esquema que revive uno de los modelos más cuestionados de la historia reciente: la privatización de aportes laborales. La creación del llamado Fondo de Asistencia Laboral (FAL) implica, en los hechos, el regreso de las AFJP, esta vez reconvertidas en fondos privados que administrarán despidos.
El mecanismo es directo: una parte de los aportes que hoy van a la ANSeS dejarán de financiar jubilaciones para ser desviados hacia fondos de inversión privados, gestionados por bancos, fintech y entidades financieras bajo control de la Comisión Nacional de Valores. Es decir, los recursos que deberían sostener el sistema previsional pasarán a engrosar carteras financieras que funcionarán como una caja privada para indemnizaciones.
Según números oficiales, el nuevo esquema podría mover unos 4.000 millones de dólares por año, convirtiéndose en uno de los negocios financieros más grandes del país. No se trata de una mejora para los trabajadores ni de una modernización del empleo: es un traslado masivo de recursos sociales al sistema financiero, con el Estado como garante y los privados como administradores.
El discurso oficial habla de “previsibilidad” y “reducción de costos laborales”, pero detrás de esa retórica se esconde un objetivo central: desfinanciar la ANSeS y transformar derechos laborales en activos financieros. La lógica es idéntica a la de las AFJP: aportes obligatorios, administración privada, comisiones, riesgo de mercado y ganancias aseguradas para bancos y fondos de inversión.
Como ocurrió en los años ’90, el trabajador pierde control sobre su dinero y el sistema previsional se debilita. En lugar de fortalecer jubilaciones, el Gobierno crea un instrumento para licuar despidos, abaratar cesantías empresarias y abrir una nueva vía de negocios financieros con recursos que hasta ahora tenían un destino social.
La falta de reglamentación agrava el cuadro. No está claro qué garantías tendrán los trabajadores, qué pasará si los fondos pierden valor ni quién cubrirá los agujeros en caso de crisis. Lo único evidente es quiénes ganan: el sistema financiero, que suma un flujo multimillonario y permanente de aportes obligatorios.
El Fondo de Asistencia Laboral no es una reforma laboral: es una AFJP 2.0, diseñada para que bancos y fintech administren despidos mientras la ANSeS pierde recursos y el sistema previsional queda aún más expuesto. Una vez más, el ajuste no se hace sobre la política ni sobre los privilegios del poder económico, sino sobre los aportes de los trabajadores.