La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei y el oficialismo buscará convertirlo en ley la próxima semana en el Senado. Se trata de una modificación profunda de la Ley de Contrato de Trabajo, de la Ley de Asociaciones Sindicales y de múltiples regímenes especiales, con un claro eje: descentralizar la negociación colectiva, reducir el poder sindical y flexibilizar condiciones históricamente protegidas.
Uno de los cambios más significativos es la habilitación de convenios por empresa por encima de los convenios de actividad. La norma establece que los convenios de ámbito mayor no podrán modificar el contenido de los de ámbito menor, lo que en la práctica fragmenta la negociación colectiva y debilita la capacidad de los sindicatos para fijar pisos comunes de derechos. Cada empresa podrá negociar condiciones particulares, incluso por debajo de estándares sectoriales.
En la misma línea, se elimina la ultraactividad plena: los convenios colectivos vencidos dejarán de regir automáticamente hasta que se firme uno nuevo. Solo permanecerán vigentes las cláusulas referidas a condiciones de trabajo, dejando en suspenso otros derechos conquistados, lo que presiohttps://coophorizonteaporte.com.ar/Login.aspxna a los trabajadores en cada renegociación.
El proyecto también introduce el llamado salario “dinámico”. Se habilita la incorporación de componentes retributivos variables, transitorios o definidos unilateralmente por el empleador, tanto por acuerdo colectivo como individual. Esto abre la puerta a una mayor discrecionalidad empresaria sobre la composición del ingreso y a una fragmentación salarial más marcada.
En materia de indemnizaciones se mantiene el esquema de un mes por año trabajado, pero se excluyen del cálculo conceptos no mensuales como el aguinaldo, vacaciones y premios no habituales. En la práctica, esto reduce el monto final de los despidos sin causa. Además, las sentencias judiciales podrán pagarse en hasta seis cuotas —doce en el caso de pymes— ajustadas por IPC más un 3% anual, dilatando el cobro efectivo para el trabajador.
Se crea también un Fondo de Asistencia Laboral financiado con aportes del 1% para grandes empresas y 2,5% para pymes, a cambio de descuentos en contribuciones patronales destinadas a la ANSES. El esquema combina una socialización parcial del costo del despido con beneficios fiscales para el sector empresario.
El banco de horas habilita jornadas de hasta 12 horas diarias —con 12 horas obligatorias de descanso— siempre que no se supere el máximo semanal. La compensación podrá trasladarse a otro momento del calendario, flexibilizando la organización del tiempo laboral en favor del empleador.
En cuanto a vacaciones, se establece que deberán otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril y podrán fraccionarse en períodos mínimos de siete días. La empresa deberá notificar con 45 días de anticipación, aunque convenios o acuerdos internos podrán fijar modalidades distintas.
La reforma también permite pagar salarios en moneda extranjera, elimina la responsabilidad solidaria de la empresa principal en contrataciones tercerizadas y redefine a los repartidores de plataformas como “prestadores independientes”, quitándoles el carácter de relación de dependencia aunque obligando a las empresas a contratar seguros.
En el plano sindical, se fija un tope del 2% para cuotas solidarias, se limita la realización de asambleas en establecimientos a la autorización del empleador y se reduce a diez horas mensuales el crédito horario pago para delegados. A esto se suma la ampliación de actividades consideradas “servicios esenciales” y “trascendentales”, con obligación de garantizar coberturas mínimas del 75% y 50%, respectivamente, restringiendo de hecho el derecho de huelga.
La reforma avanza además sobre regímenes especiales: deroga la ley de teletrabajo, prevé la eliminación en un año de estatutos específicos como el del periodista profesional, y establece el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. En paralelo, incorpora un nuevo régimen de incentivos a inversiones para pymes (RIMI) y una batería de exenciones impositivas, desde impuestos internos hasta beneficios para plazos fijos en dólares y venta de vivienda única.
Para el oficialismo, el paquete moderniza el mercado laboral y promueve la contratación. Para sindicatos y sectores opositores, se trata de una reforma estructural que debilita derechos colectivos, reduce costos empresariales y redefine la relación capital-trabajo en favor de las empresas.
La discusión ahora se traslada al Senado. Allí se definirá si el nuevo paradigma laboral que propone Milei se consolida como ley o si encuentra un freno político en la cámara alta.