El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) atraviesa una de las crisis más severas de su historia, marcada por un endeudamiento millonario, cortes en prestaciones médicas y una ola de renuncias en su conducción. En este contexto, el 9 de junio de 2025, el Ministerio de Defensa anunció la renuncia de Roberto Fiochi, presidente de la entidad, por “motivos personales”. Fiochi, un contador mendocino cercano al ministro Luis Petri, será reemplazado por Betina Surballe, hasta entonces titular del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
La salida de Fiochi es la tercera renuncia de un presidente de IOSFA desde que asumió el gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023. En noviembre de 2024, Oscar Sagás, médico nefrólogo, abandonó el cargo tras denunciar una deuda que escaló a $90.000 millones durante su gestión, quintuplicándose desde los $18.600 millones de diciembre de 2023. Sagás atribuyó la crisis a un aumento del 300% en medicamentos y prestaciones, frente a un incremento de solo el 80% en los ingresos, y criticó la resistencia de las cúpulas militares a reformas lideradas por civiles.
Fiochi, quien asumió en noviembre de 2024, no logró revertir la situación. Bajo su gestión, la deuda alcanzó los $120.000 millones, con un déficit mensual de $15.000 millones. La obra social, que atiende a más de 650.000 afiliados, enfrenta cortes diarios de prestaciones (90 en promedio, según Fiochi) y dificultades para pagar a sus 2.000 prestadores. Además, un préstamo de $40.000 millones solicitado al IAF en enero de 2025, con un costo financiero total del 66,48%, no logró estabilizar las finanzas, ya que los fondos se destinaron mayormente a pagos atrasados.
La crisis también se refleja en tensiones internas. El directorio de IOSFA, compuesto por militares y personal de seguridad retirados, ha cuestionado duramente la conducción de Fiochi, repudiando su estilo de gestión y la designación de funcionarios sin experiencia en salud. A esto se suman denuncias de afiliados por demoras en reintegros, falta de medicamentos oncológicos y peregrinación para acceder a atención médica. En mayo de 2025, la gerente general Carolina Podlesker y la directora de Transparencia Institucional, Lucila Pagani, también renunciaron, evidenciando un “tsunami” de dimisiones en la cúpula.
Fuentes militares y sindicales han expresado preocupación por el futuro de IOSFA. Algunos sectores advierten sobre un posible intento de privatización, señalando despidos masivos y la tercerización de servicios como indicios. Sin embargo, Fiochi negó intenciones de privatizar, aunque reconoció la dificultad de operar con ingresos atados a sueldos militares que no siguen la inflación.
La designación de Surballe, la tercera presidenta en menos de dos años, genera incertidumbre. Con una deuda que triplica los ingresos mensuales ($45.000 millones) y una estructura administrativa sobredimensionada —como los 800 empleados en el área de turismo—, IOSFA enfrenta el desafío de garantizar la atención de su vasta base de afiliados sin aportes adicionales del Tesoro. La nueva conducción deberá abordar no solo la crisis financiera, sino también recomponer la confianza de la familia militar y de seguridad, que percibe a la obra social al borde del colapso.