El rechazo a Ficha Limpia y el voto de los cordobeses en el Congreso
El proyecto de ley de Ficha Limpia, que busca impedir que personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos de corrupción sean candidatas a cargos electivos, generó un intenso debate en Argentina durante 2025. Aprobado en la Cámara de Diputados con media sanción el 12 de febrero, el proyecto enfrentó resistencias significativas, particularmente en el Senado, donde el kirchnerismo y sectores aliados lograron frenar su avance. En este contexto, el voto de los representantes cordobeses reflejó tanto el respaldo mayoritario como las posturas críticas hacia la iniciativa, evidenciando divisiones políticas y matices en el enfoque de la propuesta.
Contexto del proyecto y su rechazo
Ficha Limpia propone modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para establecer que aquellos condenados por corrupción no puedan postularse a cargos electivos nacionales ni ocupar posiciones en la administración pública. La iniciativa, impulsada por el oficialismo de La Libertad Avanza y respaldada por bloques como el PRO, la UCR y sectores dialoguistas, obtuvo 144 votos a favor, 98 en contra y 2 abstenciones en Diputados. Sin embargo, en el Senado, el bloque de Unión por la Patria, liderado por figuras como José Mayans, cerró filas para rechazarla, calificándola como una herramienta de “proscripción política” dirigida principalmente contra Cristina Kirchner, cuya condena en la causa Vialidad fue confirmada en 2024.
El kirchnerismo, junto con aliados como la senadora Silvia Sapag, argumentó que la ley otorga excesiva discrecionalidad al Poder Judicial, potencialmente permitiendo que jueces intervengan en el sistema político. Sapag llegó a calificar el proyecto como un “retroceso democrático enorme”, sugiriendo que podría usarse para limitar la voluntad popular. Además, sectores críticos señalaron que el proyecto se centra exclusivamente en delitos de corrupción, dejando fuera otros crímenes graves como violencia de género, narcotráfico o delitos contra la integridad sexual, lo que generó reparos incluso entre quienes apoyaban la idea en principio.
En el Senado, el debate del 7 de mayo de 2025 mostró una polarización clara. Mientras senadores como Luis Juez (PRO) y Alejandra Vigo (Unidad Federal) defendieron la iniciativa como una “vara ética mínima” para garantizar la transparencia, el kirchnerismo y aliados como Carolina Moisés la rechazaron, argumentando que los verdaderos responsables de delitos de poder rara vez enfrentan condenas. La sesión, que se extendió por más de seis horas con 44 oradores, no logró la sanción definitiva, ya que el oficialismo y los bloques dialoguistas no alcanzaron los votos necesarios frente al rechazo unificado de Unión por la Patria y otros sectores.
El voto de los cordobeses en Diputados
Córdoba, que ya cuenta con una ley provincial de Ficha Limpia aprobada en diciembre de 2024, mostró un respaldo mayoritario al proyecto en la Cámara de Diputados. De los 18 representantes cordobeses, 13 votaron a favor, 2 en contra y 3 estuvieron ausentes, reflejando una postura predominantemente favorable pero con matices significativos.
Votos a favor: Los dos diputados de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni y Celeste Ponce, apoyaron la iniciativa, al igual que los tres representantes del PRO: Laura Rodríguez Machado, Héctor Baldassi y Belén Avico. La UCR aportó los votos de Rodrigo De Loredo, Gabriela Brouwer de Koning y Luis Picat. También respaldaron el proyecto Cecilia Ibáñez (MID), Ignacio García Aresca (cercano al gobernador Martín Llaryora), Juan Brügge (democristiano), Oscar Agost Carreño (ex-PRO) y Alejandra Torres.
Votos en contra: Los dos representantes de Unión por la Patria, Pablo Carro y Gabriela Estévez, rechazaron el proyecto, alineándose con la postura del kirchnerismo que lo consideró una maniobra para proscribir a Cristina Kirchner. No participaron en el quórum inicial y votaron en contra durante la sesión.
Ausencias: Tres legisladores cordobeses no estuvieron presentes. Soledad Carrizo (UCR) se encontraba de licencia por un viaje familiar programado. Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal), quien apoyaba la iniciativa, no asistió por problemas de salud. Natalia De la Sota (Encuentro Federal), en cambio, se ausentó por desacuerdo con el proyecto, argumentando que su enfoque limitado a delitos de corrupción excluía otros crímenes graves como violencia de género, narcotráfico o homicidio.
El respaldo mayoritario de los cordobeses en Diputados fue destacado por figuras como el gobernador Martín Llaryora, quien celebró el avance del proyecto a nivel nacional, subrayando que Córdoba ya había dado un paso hacia la transparencia con su propia normativa. Sin embargo, las ausencias, particularmente la de De la Sota, generaron críticas de sectores como el radicalismo, con Rodrigo De Loredo cuestionando posibles “faltazos sospechosos” que podrían haber debilitado el apoyo al proyecto.
El rol de los senadores cordobeses
En el Senado, los tres representantes cordobeses —Luis Juez (PRO), Alejandra Vigo (Unidad Federal) y Carmen Álvarez Rivero— expresaron su apoyo al proyecto, aunque no fue suficiente para contrarrestar el rechazo del kirchnerismo. Juez, en particular, defendió enérgicamente la iniciativa, argumentando que establece un estándar ético básico para la gestión del dinero público y que su demora solo responde a intereses electorales. “Si no le ponemos nombre y apellido, no habría forma de estar en contra de la ley”, afirmó, sugiriendo que las críticas se centraban en proteger a figuras específicas. Vigo, por su parte, abrió el debate en la sesión del 7 de mayo, mostrando una postura favorable pero matizada por su pertenencia a un espacio dialoguista.
Implicaciones y perspectivas
El rechazo a Ficha Limpia en el Senado, impulsado por el kirchnerismo y sus aliados, dejó en evidencia las tensiones políticas en torno a la transparencia electoral y la lucha contra la corrupción. Para los cordobeses, la votación reflejó un compromiso mayoritario con la iniciativa, alineado con la normativa provincial ya vigente, pero también expuso divisiones internas, especialmente en sectores como Encuentro Federal, donde Natalia De la Sota marcó una postura crítica.
El futuro del proyecto permanece incierto. Aunque algunos senadores, como los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, podrían negociar su apoyo a cambio de incluir más delitos en la ley, esto implicaría devolver el texto a Diputados, dilatando su sanción hasta después de las elecciones de 2025. Mientras tanto, el debate sigue polarizando a la sociedad y a la clase política, con Córdoba posicionándose como un referente en la implementación de normativas de transparencia, pero enfrentando los mismos desafíos que el resto del país en el ámbito nacional.