El Gobierno nacional analiza por estas horas la posibilidad de eliminar el régimen del Monotributo, una de las piezas centrales del sistema tributario argentino desde hace más de dos décadas. La información trascendió a partir de reuniones privadas entre funcionarios del equipo económico y empresarios, en las que se discutió una reforma impositiva más amplia orientada a “formalizar la economía” y ampliar la base de aportantes. Aunque no existe aún un anuncio oficial ni un proyecto de ley circulando, en la Casa Rosada admiten que el tema está en estudio y forma parte de las alternativas que se evalúan para 2026.
Según las versiones que comenzaron a tomar fuerza este jueves, la iniciativa implicaría que los actuales monotributistas migren al régimen de autónomos, que sería reformulado para absorber a millones de contribuyentes. En esa transición, el Gobierno contempla modificar el esquema de aportes y habilitar deducciones de gastos personales, algo que hoy no existe para la mayoría de los pequeños contribuyentes. Las escalas que se analizan, de acuerdo con lo conversado en esas reuniones, van desde un aporte mensual reducido para actividades de baja facturación hasta montos más altos para profesionales y prestadores de servicios con ingresos mayores.
La eventual eliminación del Monotributo aparece articulada con otros puntos de la reforma impositiva: una revisión del piso del impuesto a las Ganancias para trabajadores y autónomos, y una serie de incentivos al empleo formal que incluyen reducciones temporales de contribuciones patronales para quienes contraten a ex monotributistas o a personas que llevan más de seis meses desempleadas. La lógica oficial es que un sistema más uniforme permitiría reducir la evasión, transparentar ingresos y mejorar la sustentabilidad del esquema previsional.
Aun así, la idea despierta preocupación entre profesionales independientes, comerciantes, cuentapropistas y emprendedores, que advierten que el paso al régimen de autónomos podría implicar mayores cargas fiscales y obligaciones administrativas. También genera interrogantes sobre la transición: cómo se definirá la nueva escala, qué ocurrirá con quienes hoy tributan en las categorías más bajas y qué beneficios se perderían en el camino. Por ahora, la Casa Rosada se limita a señalar que se trata de un debate técnico en desarrollo y que cualquier definición será parte de un proyecto integral que aún no está cerrado.