El Gobierno de Javier Milei sufrió uno de los reveses políticos más importantes desde que decidió avanzar con la desregulación del sistema de practicaje. Después de presentar la reforma como un cambio “irreversible” y descalificar las advertencias de quienes conocen la actividad, la Casa Rosada terminó retrocediendo y aceptando buena parte de los planteos formulados por prácticos, baqueanos y capitanes.
La marcha atrás deja expuesto, una vez más, el principal problema del modelo que impulsa Federico Sturzenegger: anunciar reformas de alto impacto sin consenso, minimizar las objeciones técnicas y recién corregir el rumbo cuando el conflicto amenaza con paralizar sectores estratégicos de la economía.
Durante semanas, el Gobierno intentó instalar que los reclamos respondían únicamente a intereses corporativos. Sin embargo, el paso de los días demostró que las advertencias estaban vinculadas a cuestiones de seguridad operacional, capacitación y responsabilidad profesional en una de las actividades más sensibles del comercio exterior argentino.
La posibilidad concreta de que se resintiera el movimiento de los buques de carga terminó obligando al Ejecutivo a abandonar la lógica de la confrontación. Lejos de sostener la firmeza que pregonaba en los discursos, optó por negociar y modificar aspectos centrales de la reforma que apenas días antes defendía como intocables.
La derrota política golpea especialmente a Sturzenegger, quien había convertido la desregulación del practicaje en un emblema de su gestión. El funcionario volvió a chocar con la realidad: no todo puede resolverse eliminando regulaciones cuando están en juego la seguridad de la navegación, la protección ambiental y el normal funcionamiento de la principal vía de ingreso y salida del comercio exterior argentino.
El desenlace demuestra que el Gobierno terminó reconociendo, en los hechos, que los argumentos de los prácticos, baqueanos y capitanes tenían fundamento. Si no hubiera sido así, no habría cedido.
La rectificación evita un conflicto de consecuencias imprevisibles para la actividad portuaria y constituye una señal de que el conocimiento técnico y la experiencia acumulada siguen teniendo un valor que ningún decreto puede reemplazar. También deja una conclusión incómoda para la administración libertaria: cuando las reformas se elaboran desde una visión exclusivamente ideológica y sin escuchar a quienes trabajan diariamente en los sectores afectados, el resultado suele ser el mismo: conflicto, improvisación y, finalmente, una marcha atrás.