Diego Santilli intenta, contrarreloj, construir un acuerdo político que el Gobierno debió haber tejido hace semanas. La fragilidad de la coalición oficialista, la falta de coordinación interna y la improvisación en temas clave dejaron al futuro ministro del Interior en una posición incómoda: tiene que ordenar un mapa legislativo que el propio Gobierno desordenó con nombramientos polémicos, señales contradictorias y peleas internas expuestas en público.
En ese contexto, el viernes aparece como una fecha límite. La jura de los nuevos senadores debería ser un trámite institucional, pero para el Gobierno se transformó en una amenaza política. No llega con los votos asegurados, enfrenta desconfianza de parte de los propios aliados y observa cómo el kirchnerismo aprovecha cada flanco débil para recuperar espacios de poder en la Cámara Alta. La crisis estalló con el caso Villaverde, un conflicto que el oficialismo pretendió minimizar, pero que terminó convirtiéndose en el símbolo de su incapacidad para fijar reglas claras sobre integridad institucional.
La situación se agrava por la disputa en torno al organismo que controla a los jueces. El oficialismo dejó crecer, sin una estrategia sólida, la posibilidad de que La Cámpora coloque a una de sus referentes en un espacio decisivo para influir en expedientes sensibles. Esa pasividad es la que inquieta a los gobernadores con los que Santilli intenta negociar. La pregunta que repiten en privado es simple y brutal: ¿el Gobierno realmente quiere controlar la agenda judicial o no entiende la magnitud del problema?
El propio Santilli tuvo que salir a hacer el trabajo que nadie en la Casa Rosada hizo a tiempo: sumar gobernadores, garantizar respaldos mínimos y evitar que el Senado se transforme en el primer escenario de una derrota política temprana. La falta de conducción clara, sumada a la ausencia de un plan legislativo coherente, complica cualquier intento de ordenar una Cámara Alta que ya huele debilidad y está dispuesta a cobrar caro cada voto.
El viernes no será un trámite. Será la radiografía del poder real del Gobierno: si logra sostener una mayoría mínima o si queda expuesto, desde el primer día, a la dinámica que más teme cualquier administración nueva: la de un Congreso que no responde, una oposición que avanza y unos aliados que negocian con la frialdad de quien sabe que tiene la sartén por el mango.
Si este es el debut, el año legislativo 2026 se perfila como un camino cuesta arriba. Y la señal que dejará la sesión no será menor: mostrará si el Gobierno tiene margen para ordenar la política… o si, por el contrario, la política ya empezó a ordenar al Gobierno.