El ex candidato a vice gobernador de Luis Juez, Marcos Carasso, renunció al cargo que ocupaba en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba presionado por la causa judicial en la que se investiga una defraudación millonaria en el PAMI.
La salida del radical, reconvertido al juecismo (que cobraba casi 4 millones de pesos mensuales en limpio y los propios empleados en el Tribunal de Cuentas aseguraban que no concurría a trabajar), se produjo después que declarara como imputado ante el fiscal federal Rodolfo Cabanillas y el juez federal Carlos Ochoa de Río Cuarto.
Carasso solo era sostenido en el cargo por Luis Juez y contra las opiniones de algunos de sus subalternos del Frente Cívico. Incluso, en ese ámbito, aseguran que Juez tuvo un fuerte cruces con el titular del organismo Beltrán Corvalán a quien acusó de querer quedarse con el «cargo» para alguno de sus «amigos».
Quién sí lo rechazó inmediatamente fue Rodrigo De Loredo, quien pareció cobrarse una vieja cuenta de la interna radical que derivó en el arrebato de la candidatura a vice gobernador de 2023 por parte de la alianza Mestre-Negri.
La decisión de Carasso se produce luego de varios días de fuerte exposición pública del tema y abrió la olla de lo que se denomina internamente en el organismo «el ejército de contratados juecistas». Desde el propio Tribunal de Cuentas también trascendio que la mayoría de ellos no asisten regularmente a trabajar, y en ese lote destacan al sobrino de Luis Juez Gonzalo Sucheki, hijo de Andrea Juez, hermana menos del Senador neolibertario.
Sobre ese «Ejército Ñoqui», informaremos oportunamente.
Respecto a la causa judicial de Carasso se conoce que se investigan posibles maniobras de facturación de prestaciones de rehabilitación de alta complejidad que, según la sospecha judicial, no habrían sido efectivamente realizadas. Parte de esas operaciones habrían estado vinculadas a la empresa médica Ethical
Entre los principales imputados aparecen Gonzalo Lima, Pablo Adzich, Lucas Kurilkowich y el exjefe médico del Pami Víctor Genesio, quien estuvo detenido y luego recuperó la libertad. De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, la investigación también analiza posibles delitos de asociación ilícita y defraudación. Distintas versiones extraoficiales señalaron que el perjuicio económico bajo investigación podría alcanzar los $ 1.400 millones.