La diputada Nacional Soledad Carrizo es quien lleva adelante esta iniciativa “propongo con este proyecto de ley, la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, buscando asegurar la gratuidad de todas las instancias administrativas y judiciales que conlleva el proceso de adopción en Argentina” ¿Por qué? “Porque es el mundo del revés, adoptar en Argentina sale aproximadamente entre $70-260 mil. Son barreras que hay que desterrar y regular la gratuidad en cuestiones administrativas. Debe ser superior el deseo de formar un familia a las posibilidades económicas”
Vale subrayar que tanto las instancias judiciales como los procedimientos administrativos que deben atravesar los postulantes traen aparejados costos que deben erogados “éstos pueden convertirse en un obstáculo que desaliente a los adoptantes en su decisión, o incluso afectar su economía familiar”, agregó Carrizo. De esta forma, replicando otros antecedentes normativos vigentes en nuestro país, que promueven la gratuidad de determinados procesos administrativos y judiciales vinculados a bienes especialmente amparados en razón de la desprotección y desequilibrio de las partes “es que consideramos necesario eliminar todo costo vinculado al proceso de adopción para sus postulantes”, subrayò.
En las instancias judiciales los adoptantes deben sufragar el costo de honorarios de los profesionales actuantes, aportes profesionales y demás tasas de acceso a la justicia ordinaria. Dichos costos varían en cada jurisdicción conforme la administración de la justicia local, y los códigos arancelarios provinciales para abogados, a los que debe adicionarse el pago de sellados y tasas varias para inscripción de la sentencia de adopción definitiva.
“El proyecto posee 6 artículos que buscan garantizar la gratuidad de todo el proceso de adopción en cada una de sus etapas, administrativa y judicial; y además una propuesta de adhesión para la coordinación federal con las provincias sobre los aranceles profesionales de los letrados matriculados en cada jurisdicción”.
El proyecto, promueve también la invitación a la adhesión por parte de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, colaborando con la gratuidad de una cuestión que no es de competencia regulatoria de este Congreso. Siendo todo lo atiente a la regulación del ejercicio de las profesiones una materia reservada por las provincias, y delegadas por estas en los colegios profesionales locales, no resulta posible para este órgano legislativo nacional legislar sobre ello. En tal sentido, se busca que las provincias asuman un papel activo en la promoción de esta ley, impulsando de forma local distintos mecanismos o herramientas que permitan a los postulantes quedar eximidos del pago de honorarios profesionales por el patrocinio letrado que necesitan contratar para la instancia judicial de la adopción. No se pretende afectar ni restringir el derecho del que gozan los profesionales de recibir una remuneración y honorarios acordes con su labor, sino que sea cada estado provincial el responsable de asegurar que el costo de tramitar judicialmente no se encuentre a cargo de los postulantes.
“Lo que se intenta, es garantizar el acceso a cualquier postulante, removiendo cualquier obstáculo de índole económico que podría dificultar el acceso a este tipo de proceso, considerando la importancia de su promoción, entendiendo que el deseo de los postulantes y la necesidad de niños, niñas y adolescentes de integrarse a un seno familiar para su protección y desarrollo, no debe verse obstaculizado o desmotivado por sus costos económicos”, finalizó la legisladora cordobesa.