El Gobierno que convirtió el “no hay plata” en doctrina oficial acaba de autorizar un contrato por $114.044.133 (IVA incluido) para capacitar en inglés al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. La adjudicataria es la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), cuya directora ejecutiva —según consta públicamente— es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger.
La imagen que acompaña la información es elocuente: Rouillet y Sturzenegger posan juntos, sonrientes, en un ámbito institucional. No es una foto casual ni privada; es la representación visual de un vínculo directo entre quien integra el gabinete nacional y quien conduce la entidad que recibió el contrato millonario. En política, las formas importan. Y cuando se trata de fondos públicos, importan todavía más.
El Ejecutivo sostiene que la contratación se realizó mediante una Adjudicación Simple por Especialidad y que, debido al vínculo familiar, se activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Es decir: el Gobierno reconoce que el lazo existe y que debió aplicar un protocolo especial.
Pero la discusión no es solo administrativa. Es política y ética. En un contexto de recortes, despidos, caída de salarios reales y ajuste sobre jubilados y provincias, destinar más de 114 millones de pesos a un contrato que termina en una institución conducida por la esposa de un ministro expone, como mínimo, una doble vara.
¿Era imprescindible este gasto ahora? ¿No existían otras instituciones con igual capacidad técnica sin vínculos directos con funcionarios del gabinete? ¿Puede el Gobierno pedir austeridad extrema hacia afuera mientras habilita contrataciones que benefician a su círculo íntimo?
El oficialismo suele argumentar que lo importante es la transparencia del procedimiento. Pero la transparencia formal no elimina el problema de fondo: el conflicto de interés potencial y el mensaje político que se transmite. Porque cuando el ajuste es para la mayoría y las oportunidades parecen concentrarse en los amigos del poder, la consigna cambia sola.
No es solo una cuestión de papeles en regla. Es una cuestión de prioridades. Y de coherencia. Porque si hay plata, parece que no es para todos.