Por Romualdo de la Hoya
El paso de Luis Petri por el Ministerio de Defensa deja un panorama desolador: un sistema militar vaciado, una obra social en colapso y una sangría de personal que no se veía en décadas. Lo que debía ser una gestión para modernizar y recuperar capacidades terminó convirtiéndose en un experimento de ajuste que golpeó de lleno a quienes sostienen la estructura defensiva del país.
Desde que Petri asumió, las Fuerzas Armadas acumulan alrededor de 18.000 bajas entre oficiales, suboficiales y soldados voluntarios. No se trata solo de incorporaciones temporarias que se retiran por contrato: la fuga incluye centenares de oficiales y miles de suboficiales, es decir, el corazón operativo de cada fuerza. La decisión de dejar la institución no surge del azar: salarios deteriorados, falta de equipamiento, desgaste profesional y un clima interno donde la palabra “proyecto” dejó de existir.
A esto se suma la tragedia institucional de IOSFA, la obra social militar. Lo que hace poco era una institución equilibrada terminó convertida en un agujero financiero con una deuda que se disparó a niveles impagables. La consecuencia fue inmediata y brutal: cirugías suspendidas, prestaciones recortadas, falta de medicamentos, farmacias sin insumos y miles de familias militares abandonadas. La renuncia de autoridades no solucionó nada: solo confirmó que la conducción política había perdido el control absoluto de la situación.
Lo más grave es que esta destrucción ocurre mientras el Estado invierte enormes recursos en formar a cada miembro de las Fuerzas Armadas. Formar un oficial le cuesta al Estado argentino el equivalente a entre 120.000 y 200.000 dólares, considerando cuatro años de instrucción, docencia especializada, alojamiento, alimentación, uniformes, materiales, mantenimiento de infraestructura académica y entrenamiento operativo. Formar un suboficial cuesta entre 30.000 y 60.000 dólares, dependiendo de la fuerza y de la especialidad técnica. Son inversiones enormes que requieren años y que se pierden en un instante cuando el personal decide pedir la baja porque no ve futuro dentro de la institución.
Ese es el verdadero drama que deja Petri: no solo la caída del presupuesto o la mala gestión administrativa, sino la destrucción del capital humano militar. Cada oficial que se va es un proyecto de Estado que se perdió. Cada suboficial que renuncia es una capacidad operativa que tarda años en reemplazarse. Cada familia militar que abandona IOSFA es la prueba de un sistema que dejó de proteger a quienes deben proteger al país.
Lo que queda después de Petri no es una política de defensa: es un territorio arrasado. Un ministerio que funciona como contaduría, una obra social quebrada y unas Fuerzas Armadas debilitadas justo en un momento histórico en el que cualquier país serio entiende que la defensa es una prioridad estratégica. En Argentina, bajo esta gestión, se convirtió en un gasto recortable. Y las consecuencias ya están a la vista.