El ajuste es para todos, menos para ellos. Esa parece ser la conclusión que deja la última contratación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger. Mientras el Gobierno repite que “no hay plata”, la cartera que promete achicar el Estado acaba de comprometer $720 millones en el alquiler de oficinas premium sobre la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña, en pleno microcentro porteño.
La operación, firmada el 30 de noviembre de 2025, establece un canon mensual de $60 millones durante 12 meses por los pisos 3°, 4°, 5° y 6° del edificio, más 24 cocheras. Todo mediante contratación directa por adjudicación simple. Se presentó una sola oferta: OTOBA S.A. Y con eso alcanzó. Fue considerada “admisible y económicamente conveniente”.
Resulta llamativo que el ministerio creado para “desregular” y “transformar” el Estado opte por instalarse en oficinas de alto costo en una de las zonas más caras de la Ciudad de Buenos Aires, en vez de reducir estructuras o reutilizar inmuebles públicos. Más aún cuando el discurso oficial insiste en que cada peso cuenta, que el déficit es el enemigo y que la austeridad debe ser total.
Pero la austeridad, parece, es selectiva.
No es la primera vez que la gestión del ministro queda bajo la lupa por decisiones que rozan el privilegio. Meses atrás generó polémica la contratación de su esposa para dictar clases de inglés en el ámbito estatal, un episodio que expuso contradicciones entre el relato del ajuste implacable y las prácticas puertas adentro. Aquella decisión fue defendida como técnica y administrativa. Sin embargo, volvió a instalar una pregunta incómoda: ¿el Estado se achica o se reconfigura para los propios?
Mientras jubilados, trabajadores y provincias enfrentan recortes, demoras en transferencias y restricciones presupuestarias, el ministerio que pregona el orden fiscal asegura para sí un alquiler de $60 millones mensuales en oficinas premium. El mensaje político es potente: la tijera corta hacia abajo, pero se vuelve más flexible cuando se trata del poder central.
En un país donde el Gobierno insiste en que “se terminó la fiesta”, lo que parece haberse terminado es la plata para el resto. Para los ministerios que deben ajustar, para las áreas sociales que reducen programas, para los empleados públicos que ven congelados sus salarios. Pero no para garantizar despachos de lujo en Diagonal Norte ni para avanzar en contrataciones directas con un único oferente.
El problema no es solo el monto —$720 millones en un año— sino la señal. En tiempos de ajuste extremo, cada decisión tiene un peso político mayor que el contable. Y cuando quien predica la motosierra firma contratos millonarios bajo modalidad directa, la contradicción deja de ser técnica y pasa a ser ética.
La pregunta, entonces, no es si la contratación fue legal. Es si es coherente. Y en un Gobierno que hizo de la austeridad su bandera moral, la coherencia debería ser el primer requisito.