El Gobierno nacional elevó el beneficio del programa Repro II a $ 12.000 por trabajador de «sectores críticos» y a $ 18.000 para el «sector Salud», y lo mantuvo en $ 9.000 para «sectores no críticos», como parte de una serie de medidas para mantener el empleo.
También se dispuso que las empresas beneficiarias de 800 o más trabajadores deberán presentar en forma mensual información patrimonial y financiera referida a activos y pasivos corrientes, pasivo y patrimonio neto.
El Programa de Recuperación Productiva II otorgaba hasta ahora una suma mensual de hasta $ 9.000 para el conjunto de trabajadores de las empresas adheridas, tras presentar la información requerida por el Programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Para los casos en que la remuneración neta percibida por el trabajador o la trabajadora sea inferior a ese valor, que el subsidio sea igual a la remuneración neta (que se determina aplicando el 83% a la remuneración total declarada).
Se sugirió que se mantengan los subsidios para los sectores afectados «no críticos» con los mismos parámetros de acceso al beneficio del programa, definidos en el mes pasado, por entender que las condiciones productivas y laborales «no se han modificado sustancialmente desde diciembre».
Lo mismo se dispuso con respecto a los sectores «críticos», con la excepción de las actividades turísticas, debido al impacto favorable del Régimen de Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Nacionales (denominado Programa PreViaje), que consistió en un beneficio para quienes realizaron compras anticipadas de servicios turísticos en el último trimestre de 2020.
Debido a este incremento de ingresos, los prestadores turísticos no podrían cumplir los requisitos establecidos en cuanto a la variación interanual de la facturación (menor a 10% para las empresas de menos de 800 trabajadores y menor a 5% para las de 800 o más).
Por este motivo, de modo excepcional y transitorio, las unidades productivas empleadoras que facturaron servicios a través del Programa PreViaje no tengan que cumplir de modo obligatorio con el parámetro aplicado sobre el indicador de facturación».
Según evaluó el Comité, «el empleo asalariado privado registrado se contrajo un 3,1% desde que se adoptaron las primeras medidas de aislamiento social, entre febrero y noviembre de 2020».
Por otra parte, la cantidad de trabajadores suspendidos pasó de los 777.000 en abril pasado a 341.000 en noviembre, lo que marcó «una contracción del 56% del total de suspensiones».
Como contrapartida se observó «un aumento muy significativo del número de relaciones laborales activas (empleo asalariado registrado privado no suspendido)», indica la norma.