En un contexto de alta expectativa política y judicial, diversos gremios argentinos han manifestado una postura contundente frente a la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia ratifique la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Sindicatos clave como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital han anunciado que convocarán a un paro nacional si el máximo tribunal confirma la sentencia, considerando esta decisión como un acto de “persecución política” y un “atentado contra la democracia”.
La causa Vialidad, que investiga el presunto direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), ha sido un punto de conflicto central en el escenario político argentino. La ex presidenta y actual líder del Partido Justicialista (PJ) fue condenada en 2022 por administración fraudulenta, aunque absuelta del cargo de asociación ilícita, y la sentencia fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024. Ahora, la resolución final está en manos de la Corte Suprema, que podría pronunciarse en los próximos días, según trascendidos.
Abel Furlán, secretario general de la UOM, expresó en diálogo con Radio 10 que no descartan “ninguna medida de fuerza” ante lo que calificó como una “profundización de la persecución política” contra Kirchner. Furlán subrayó que la situación es “gravísima” y que pone en riesgo la democracia, convocando a los trabajadores a movilizarse para defender “la representación de las masas populares”. Por su parte, Mario “Paco” Manrique, secretario adjunto de SMATA y diputado nacional, denunció que “lo que no pueden ganar en las urnas, lo quieren hacer desde la Justicia”, alertando sobre un intento de proscribir la voluntad popular.
Desde ATE Capital, Daniel Catalano fue tajante: “Si va presa Cristina, declaramos el paro. No es justicia, es persecución. Defender a Cristina es cuidar la democracia”. Otros gremios, como la Federación de Docentes de la UBA (Feduba), trabajadores de ANSES, la Asociación del Personal Legislativo (APL) y la Asociación Bancaria, también han mostrado su apoyo a estas medidas, mientras que fuentes cercanas al peronismo no descartan que más sindicatos, incluidos algunos alineados con el kirchnerismo, se sumen a la iniciativa.
La Confederación General del Trabajo (CGT), sin embargo, aún no ha emitido una posición oficial. Las tensiones internas dentro de la central sindical y su relación distante con Kirchner han generado incertidumbre sobre su eventual adhesión al paro. No obstante, el malestar generalizado con el gobierno de Javier Milei por la falta de diálogo y las políticas económicas podría inclinar la balanza hacia una acción conjunta del movimiento obrero. Andrés Rodríguez, de UPCN, señaló que “el clima se está enrareciendo cada vez más” debido a la postura cerrada del Ejecutivo.
El anuncio de los gremios coincide con una reunión de emergencia convocada por Unión por la Patria en la sede del PJ nacional para este lunes por la tarde, donde legisladores, intendentes, gremialistas, artistas y referentes sociales analizarán los posibles escenarios ante un fallo adverso. La convocatoria, originalmente pensada en el Instituto Patria, fue trasladada a la histórica sede de la calle Matheu, reflejando la urgencia de coordinar una respuesta política frente a lo que el kirchnerismo considera un intento de proscripción electoral. Cristina Kirchner, quien confirmó su candidatura a legisladora por la provincia de Buenos Aires para 2025, desafió públicamente a la Justicia desde Corrientes: “Si estoy tan acorralada, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”.
La posible ratificación de la condena no solo tendría implicancias judiciales, sino también un impacto significativo en el escenario electoral. Una sentencia firme antes del 17 de agosto, fecha límite para oficializar candidaturas, inhabilitaría a Kirchner para competir, alterando las estrategias de campaña en la provincia de Buenos Aires, donde lidera las encuestas con más del 50% de intención de voto en la tercera sección electoral. En caso de confirmarse la condena, Kirchner podría cumplir la pena en arresto domiciliario, dado que tiene más de 70 años.
Mientras el gobierno de Milei mantiene un silencio oficial para evitar acusaciones de intromisión judicial, sectores libertarios ven con ambivalencia la situación: algunos apuestan a capitalizar el discurso anti-kirchnerista en las urnas, mientras otros consideran que una condena podría debilitar su estrategia electoral al eliminar a una figura polarizante como Kirchner.
La postura de los gremios refleja no solo una defensa de Cristina Kirchner como líder política, sino también una reacción frente a lo que perciben como un avance del Poder Judicial sobre la soberanía popular. En un país polarizado, la resolución de la Corte Suprema podría desencadenar un conflicto social de proporciones, con los sindicatos como protagonistas de una resistencia que promete no ser silenciosa.