La trama alrededor de Madero Media Group, empresa vinculada a La Derecha Diario, vuelve a poner bajo la lupa los vasos comunicantes entre estructuras de comunicación digital y el Gobierno nacional. Según la información difundida, la sociedad fue fundada en 2021 por Natalia Belén Basil, Tomás Federico Beltrame, Juan Pablo Carreira y Ezequiel Ismael Acuña, nombres que posteriormente aparecen relacionados, de distintas maneras, con la administración libertaria.
Uno de los datos centrales es el vínculo de Fernando Cerimedo con la compañía. El consultor y estratega digital aparece mencionado como accionista de Madero Media Group junto al comunicador español Javier Negre, reforzando la conexión entre Cerimedo y la estructura empresarial relacionada con La Derecha Diario.
Pero la trama no termina allí. Natalia Belén Basil, esposa de Cerimedo y una de las fundadoras originales de Madero Media Group, fue posteriormente incorporada al Estado nacional. En 2024 fue designada como directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mediante una designación transitoria por 180 días hábiles.
La coincidencia resulta políticamente relevante: una de las personas que participó de la creación de la empresa vinculada al medio asociado a Cerimedo terminó ocupando un cargo jerárquico dentro de un organismo nacional durante la gestión de Javier Milei.
Otro nombre que aparece en la estructura original de Madero Media Group es Juan Pablo Carreira, mucho más conocido en las redes sociales como Juan Doe. Carreira se convirtió en una figura de peso dentro del esquema de comunicación digital libertario y posteriormente fue designado funcionario nacional en el área de comunicación de la Presidencia.
Según la información difundida, ocupó el cargo de director nacional de Comunicación Digital, dentro de la estructura de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno. De esta manera, otro de los fundadores de la compañía relacionada con La Derecha Diario pasó directamente a integrar el aparato comunicacional oficial.
Sobre Carreira aparece, además, otro dato que merece ser esclarecido. El informe citado sostiene que registra una deuda vinculada con el Banco Nación que habría pasado de cero a aproximadamente 112 millones de pesos, correspondiente a un préstamo otorgado en noviembre del año anterior. La naturaleza, condiciones y situación actual de ese crédito deberían ser contrastadas con la documentación bancaria y societaria correspondiente antes de extraer conclusiones sobre su otorgamiento.
El cuadro que surge de estos antecedentes muestra una llamativa circulación de nombres entre una empresa dedicada a la comunicación política, un medio identificado con el universo libertario y diferentes dependencias del Estado nacional.
Madero Media Group no aparece así solamente como una sociedad privada detrás de un proyecto comunicacional. Entre sus fundadores figuran personas que posteriormente accedieron a cargos públicos, mientras que Fernando Cerimedo —uno de los principales referentes de la comunicación digital de la derecha argentina— aparece señalado como accionista de la compañía.
En momentos en que Cerimedo vuelve a ocupar el centro de la escena pública, reconstruir esta estructura permite dimensionar que sus relaciones políticas y comunicacionales exceden largamente una cuenta en redes sociales o un portal de noticias.
La pregunta que queda abierta es hasta dónde llegó la integración entre aquellas estructuras digitales privadas y el aparato comunicacional del Gobierno. Los nombres que aparecen a ambos lados muestran, como mínimo, una proximidad que merece ser investigada y documentada: personas que participaron de la creación de Madero Media Group terminaron posteriormente ocupando lugares dentro del mismo Estado conducido por el espacio político al que esos medios y referentes digitales respaldaron públicamente.