En un momento en que el Senado de la Nación debería unir fuerzas para proteger la vida y la dignidad de los argentinos, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRONEOLIBERAL) decidió aislarse en su rechazo solitario. Con 69 votos a favor y un solo «no» –el suyo–, se sancionó la Ley Nicolás, una norma histórica que busca prevenir tragedias evitables en el sistema de salud, como la muerte de un joven por mala praxis. Mientras la madre de Nicolás Deanna, Gabriela Covelli, observaba emocionada desde los palcos del recinto, acompañada por el diputado radical Fabio Quetglas –autor del proyecto original–, Álvarez Rivero optó por el camino de la obstrucción, votando en contra de una ley que lleva el nombre de una víctima del descuido médico.
La Ley Nicolás no es un capricho legislativo: es un marco jurídico esencial para garantizar la calidad y seguridad en la atención sanitaria. Promueve la transformación cultural en la práctica médica, la protocolización de procesos, la incorporación de tecnologías adecuadas y la reducción de daños evitables. En esencia, obliga a instituciones públicas y privadas a monitorear riesgos, reportar errores humanos –sin culpar, sino para aprender de ellos– y priorizar al paciente y al equipo de salud. Aprobada unánimemente en Diputados en diciembre de 2023 con 149 votos, esta ley podría posicionar a Argentina como pionera en América Latina en seguridad sanitaria. Senadoras como Lucía Corpacci (titular de la Comisión de Salud) y Edith Terenzi la defendieron con pasión, recordando que «los errores humanos cuestan vidas» y que «no debe pasar más con otro Nicolás». Incluso aliados oficialistas de La Libertad Avanza la respaldaron, reconociendo su urgencia en un sistema colapsado por negligencias.
Pero Álvarez Rivero, aliada del oficialismo y conocida por sus intervenciones polémicas –como en el debate sobre la emergencia en el Hospital Garrahan–, prefirió criticar la «organización del sistema sanitario» en lugar de sumarse al consenso. Su justificación suena a excusa hueca: en un país donde miles mueren anualmente por diagnósticos erróneos o protocolos deficientes, ¿qué prioriza esta senadora? ¿Sus lealtades partidarias por encima de la salud pública? ¿Un rechazo ideológico al rol del Estado en la regulación médica, en sintonía con un discurso libertario que ignora el dolor de las familias? Es inaceptable. Mientras Gabriela Covelli luchaba dos años por esta sanción en memoria de su hijo –un joven de 24 años fallecido en 2021 por una meningitis bacteriana mal diagnosticada–, Álvarez Rivero convirtió su voto en un insulto a esa resiliencia.
Este acto no solo aísla a la legisladora cordobesa, sino que cuestiona su compromiso con los cordobeses y los argentinos en general. ¿Representa ella a un PRO que se dice pro-vida pero frena herramientas para salvarla? ¿O es solo oportunismo político en un Senado donde el consenso salvó la norma? Exigimos explicaciones claras, no excusas vagas. La Ley Nicolás ya es ley gracias a la mayoría, pero el «no» de Álvarez Rivero quedará como una mancha en su historial: un recordatorio de que, en política, a veces el ego pesa más que una vida perdida. Que sirva de lección para que ninguna familia vuelva a sufrir en vano.