El juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, citó a 26 personas a declarar por el presunto fraude en los créditos del Banco Nación (BNA) a Vicentin. Entre los imputados están exdirectivos de la empresa como Daniel Néstor Buyatti (expresidente), Alberto Julián Macua (exvicepresidente), Herman Roberto Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan. Del lado del BNA, figuran Javier González Fraga (expresidente), Lucas Llach (exvicepresidente y actual mano derecha de Federico Sturzenegger) y Carlos Castellani (exdirector), junto a gerentes y subgerentes. La acusación apunta a un perjuicio al Estado de al menos u$s260 millones (posiblemente hasta u$s300 millones), por refinanciaciones y desembolsos irregulares entre noviembre y diciembre de 2019, sin garantías suficientes y con liberación de fondos retenidos. Parte de esos recursos se habrían desviado al exterior vía operaciones simuladas por u$s17 millones, incluyendo transferencias a paraísos fiscales.
Medidas cautelares contra funcionarios clave: El titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Alejandro Díaz —encargado de auditar la transparencia gubernamental y con roles previos en YPF, Aerolíneas Argentinas y Nucleoeléctrica Argentina—, recibió una inhibición de bienes y prohibición de salida del país. Díaz es uno de los 26 citados y está vinculado a los préstamos del BNA. Estas medidas también alcanzan a su entorno y resaltan posibles negligencias en la supervisión de fondos públicos.
En un operativo simultáneo, la Justicia allanó más de 20 domicilios y oficinas en Santa Fe (Reconquista, Avellaneda, Ricardone, Rosario y Funes) y Buenos Aires, incautando documentos contables, computadoras y dispositivos. Se emitieron órdenes de detención para cuatro allegados a la familia fundadora, incluyendo a Buyatti y Roberto Gazze (exdirector). La causa, iniciada en 2020, sostiene que la quiebra fue planificada por una «organización criminal» de exdirectivos, con denuncias de bancos extranjeros por estafas de u$s500 millones. Los fiscales Guillermo Moreno y Gonzalo Narvaja ya pidieron elevación a juicio en audiencias previas.
La Corte Suprema de Santa Fe sobreseyó a directivos en febrero, pero rechazó su plan de pagos original, derivándolo a la Cámara de Apelaciones de Rafaela. Más de 70 acreedores respaldaron una propuesta de una corredora de granos local, mientras Cargill negocia un «acuerdo comercial» con otra entidad para evitar la quiebra. Sin embargo, Vicentin enfrenta cierres parciales: en agosto anunció el cierre total de plantas en Ricardone y Avellaneda por falta de fondos, con deudas salariales de más de 12 meses. Además, en 2025 se descubrieron cargamentos de cocaína (460 kg en pellets de girasol y 250 kg previos) en su puerto, valuados en u$s6 millones, lo que añade sospechas de lavado de activos. La empresa mantiene sociedades con multinacionales como Glencore (66,7% en una joint venture de biodiesel), pero el temor a juicios en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Inversiones) complica cualquier expropiación.
El caso expone la concentración del sector agroexportador en manos extranjeras (Viterra/Glencore, Bunge, Cargill, Cofco), con Vicentin como ejemplo de fuga de u$s791 millones entre 2019 y 2020. El Gobierno de Javier Milei no ha avanzado en intervenciones, pero la oposición critica la lentitud judicial. Expertos estiman que, sin adhesión mayoritaria de acreedores (necesaria para un «cramdown»), el juez podría declarar la quiebra antes de fin de año, liquidando activos estratégicos como plantas oleaginosas.