El Gobierno de Javier Milei quedó nuevamente en el centro de la polémica tras la repentina decisión de destrabar fondos para jubilados y personas con discapacidad, después de meses de ajuste feroz y recortes que dejaron a los sectores más vulnerables al borde de la desesperación. La noticia, lejos de generar alivio, reavivó las críticas hacia la administración libertaria y su equipo económico, acusado de improvisar y de jugar con las necesidades básicas de la población como si fueran piezas de negociación política.
Durante semanas, el discurso oficial había insistido en que “no había plata”, mientras se multiplicaban las denuncias por el deterioro de las pensiones no contributivas y el congelamiento de partidas destinadas a programas sociales esenciales. Sin embargo, en cuanto la presión política y legislativa empezó a incomodar al Ejecutivo, mágicamente aparecieron los recursos que supuestamente no existían.
El golpe más fuerte al relato oficial llegó anoche, cuando el propio presidente presentó en cadena nacional el Presupuesto 2026, en el que aparecen asignados fondos recién para el año próximo, reconociendo de hecho que el dinero estaba, pero que no se utilizó durante 2025. Es decir, se dejó a jubilados y personas con discapacidad sin asistencia durante todo un año para recién anunciar que habrá recursos en el ejercicio siguiente.
Este giro repentino desnuda la inconsistencia de un modelo económico que se presenta como austero y ortodoxo, pero que en los hechos reparte fondos cuando la gobernabilidad está en riesgo. Lo que hasta ayer era imposible porque “no se podía gastar un peso más”, hoy se transforma en un anuncio tardío para descomprimir tensiones. El resultado es claro: un Gobierno que se muestra incapaz de planificar y que sólo actúa bajo presión, administrando la economía con lógica electoralista más que con un plan sustentable.
El presidente Milei y su equipo económico, encabezado por Luis Caputo, cargan así con un costo político doble: no sólo exponen la falsedad de su propio relato del ajuste, sino que además confirman que las restricciones eran selectivas y discrecionales. Si había plata para asistir a jubilados y discapacitados, ¿por qué se los sometió a meses de angustia, pobreza y abandono?
La frase que el oficialismo repite como mantra —“no hay plata”— queda en evidencia como un recurso retórico, útil para justificar recortes brutales mientras se reservan fondos para cuando la presión social o política se vuelve insostenible. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de voluntad de gobernar con empatía y coherencia.
En definitiva, el Gobierno vuelve a quedar en offside: primero niega, después ajusta, finalmente concede. Pero lo hace a destiempo, pateando las soluciones recién para 2026, como si los jubilados y las personas con discapacidad pudieran esperar. El resultado es un país gobernado a los tumbos, donde las decisiones se toman tarde y por cálculo político, mientras los sectores más vulnerables pagan los costos de un experimento que ya empieza a mostrar sus límites.