La Justicia allanó la Municipalidad de La Calera tras descubrirse una factura trucha utilizada para desviar fondos públicos, un episodio que vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control interno de la gestión que encabeza el intendente Fernando Rambaldi.
El caso involucra a un ex empleado contratado, acusado de sustraer $81.900 mediante una maniobra que, según la investigación, habría pasado sin dificultades por las áreas administrativas municipales. La irregularidad salió a la luz gracias a un control interno tardío, pero suficiente para que la fiscalía dispusiera un operativo dentro del edificio municipal.
Durante el allanamiento, personal judicial y de la Policía Judicial buscó documentación, registros contables y dispositivos electrónicos que permitan reconstruir cómo se generó y aprobó la factura apócrifa. También se tomaron testimonios a empleados del área donde se procesan pagos y contrataciones, un sector que ya había sido motivo de cuestionamientos por la falta de transparencia en procedimientos anteriores.
El ex contratado, habría actuado utilizando documentación interna sin que ningún mecanismo de verificación detectara la maniobra a tiempo. La fiscalía investiga si actuó solo o si contó con aval o negligencia de otros funcionarios, un punto especialmente sensible para la actual gestión.
Mientras tanto, el Municipio intentó despegarse del escándalo, señalando que la anomalía fue “detectada y denunciada” por la propia administración. Sin embargo, puertas adentro crece el malestar por la frecuencia con la que aparecen irregularidades menores que evidencian desorden, falta de supervisión y controles débiles en áreas clave.
La causa continúa en plena etapa de recolección de pruebas, pero el allanamiento ya dejó un saldo político evidente: otro golpe a la administración de Rambaldi, que deberá explicar cómo una maniobra tan burda pudo concretarse dentro de su propia estructura.
Aclaración de la Municipalidad de La Calera sobre la denuncia presentada
La Municipalidad de La Calera informó que la denuncia penal presentada ante la Fiscalía de Instrucción de turno se originó a partir de la detección interna de una presunta maniobra fraudulenta vinculada al manejo del Fondo Fijo municipal. Según detalló la administración, la presentación judicial fue realizada por el asesor letrado municipal, Agustín Nicolás Anglada Allende, y por el director general de Tesorería, Omar Alberto Quevedo, quienes solicitaron que se investigue al agente Adrián Gómez Luna, contratado como administrativo de la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con la aclaración oficial, la irregularidad se descubrió el 17 de octubre de 2025, cuando el secretario de Infraestructura, Rodrigo Bustos, advirtió la existencia de una factura Nº 00000059 atribuida al comerciante Carlos Alberto Riccione, documento que no correspondía a ninguna compra real y que contenía una firma que no era reconocida por la agente Milagros Peñaloza, supuesta receptora del dinero.
La Municipalidad sostiene que, al ser consultado, Gómez Luna dejó constancia en la misma factura de que la compra no se reconocía, lo que permitió iniciar la revisión del circuito administrativo. Sin embargo, al comprobarse que el comprobante era inválido, que el comercio no registraba operaciones con el municipio, que no había registros fílmicos del día en cuestión y que ninguno de los pasos administrativos obligatorios del Fondo Fijo había sido cumplido, se decidió avanzar con la denuncia penal.
La presentación judicial incluye un pedido de secuestro de documentación contable, declaraciones testimoniales y una pericia caligráfica para determinar si la firma atribuida a Peñaloza fue falsificada, al tiempo que señala posibles responsabilidades por defraudación en perjuicio de la administración pública, en los términos del artículo 174 inciso 5 del Código Penal.
La Municipalidad remarcó que la actuación se realizó “de inmediato” tras conocerse la anomalía, y aclaró que ahora será la Justicia la que determine si el empleado acusado actuó de manera individual o si existieron participaciones, negligencias o avales dentro de la estructura administrativa. Asimismo, destacó que la denuncia busca “preservar el patrimonio municipal” y contribuir al esclarecimiento integral del hecho.