La presión en la calle finalmente obligó al oficialismo a mover una ficha. Tras la protesta de los estatales contra el aumento de aportes previsionales, el Gobierno provincial convocó a una mesa de trabajo sobre la Caja de Jubilaciones, una instancia que llega más por desgaste político que por vocación de diálogo. Aun así, el ministro Facundo Torres volvió a dejar claro que la herramienta central del proyecto —la posibilidad de subir de manera unilateral y sin acuerdo paritario hasta 4% los aportes de los trabajadores— sigue intacta.
El eufemismo oficial es conocido: el incremento no sería automático, sino una “prerrogativa” que se usaría “solo en caso de emergencia”. Pero el malestar gremial es contundente. Los sindicatos consideran que el Gobierno pretende descargar el ajuste sobre el salario de los trabajadores estatales, que ya vienen perdiendo contra la inflación, y que se pretende tapar el agujero creciente de la Caja a costa del bolsillo de los activos.
En la reunión convocada por el oficialismo, Torres insistió en que la herramienta es necesaria para “asegurar la sustentabilidad del sistema”. Sin embargo, las organizaciones gremiales remarcaron que la Caja viene soportando años de incumplimiento nacional en el financiamiento del déficit previsional y que, lejos de exigirle a Nación lo que corresponde, la Provincia opta por el camino más fácil: subir aportes y recortar el ingreso de empleados públicos cuyos salarios ya están, en muchos casos, por debajo de la línea de pobreza.
Los gremios también advierten que el Gobierno intenta normalizar mecanismos extraordinarios: si se habilita la suba de aportes cada vez que haya “emergencia”, la excepción se convertirá en regla.
La mesa de trabajo, entonces, nace cuestionada: para los sindicatos, es apenas un gesto político para bajar la temperatura después de una protesta fuerte; para el Gobierno, un espacio para ganar tiempo y sostener la iniciativa sin modificar su núcleo.
El conflicto está lejos de cerrarse. Y en el trasfondo late una discusión estructural: quién paga los costos del desfinanciamiento previsional.
El oficialismo ya mostró su respuesta. Los estatales también. Y el choque promete seguir.