El procesamiento del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y de otros funcionarios por asociación ilícita volvió a colocar al gobierno nacional en el centro de una tormenta política y judicial que ya no puede ser minimizada con slogans ni conferencias de prensa sin preguntas. La causa, que investiga una presunta red de retornos y maniobras ilegales dentro de un organismo destinado a asistir a personas con discapacidad, expone un cuadro tan grave como contradictorio con el discurso oficial de “terminar con la casta”.
Según la resolución judicial, la estructura investigada habría operado dentro del Estado con mecanismos sistemáticos para obtener beneficios económicos indebidos, en un esquema que —de confirmarse— implicaría una utilización obscena de recursos públicos destinados a sectores vulnerables. No se trata de un funcionario aislado ni de un error administrativo: la magnitud del procesamiento y la cantidad de implicados sugieren un entramado más amplio, con ramificaciones políticas que el gobierno intenta negar mientras el expediente avanza.
El dato más incómodo para la Casa Rosada es que la causa incluye menciones a supuestos retornos vinculados a figuras del círculo presidencial. Aunque hasta el momento no existan imputaciones directas contra el presidente o su entorno más cercano, el impacto político es inevitable. Resulta difícil sostener la narrativa de “pureza” cuando los nombres que aparecen en los audios y testimonios orbitan alrededor del corazón del poder libertario.
La reacción oficial, lejos de aportar claridad, se limitó a descalificaciones y silencios estratégicos. En lugar de promover investigaciones internas o exigir explicaciones contundentes, el gobierno eligió relativizar el escándalo y presentarlo como una operación política. Sin embargo, el procesamiento judicial marca un punto de inflexión: ya no se trata de denuncias mediáticas sino de decisiones firmadas por un juez federal tras meses de investigación.
El caso ANDIS también desnuda una contradicción central del discurso libertario. Mientras se proclama la lucha contra la corrupción y el despilfarro estatal, la Justicia avanza sobre una estructura que habría operado dentro del propio gobierno con prácticas que recuerdan a los peores vicios de la política tradicional. La promesa de “terminar con los privilegios” queda así golpeada por hechos que, de confirmarse, mostrarían exactamente lo contrario.
A medida que la causa avance, la pregunta política será inevitable: ¿hasta dónde llegaba el conocimiento interno de las maniobras investigadas? Aunque la responsabilidad penal es individual y debe probarse en tribunales, la responsabilidad política alcanza a toda la conducción de un gobierno que hizo de la transparencia su principal bandera.
El procesamiento de Spagnuolo y otros funcionarios no cierra la historia; apenas abre una etapa más profunda y peligrosa para la administración nacional. Con la Justicia avanzando y la opinión pública observando con creciente desconfianza, el gobierno enfrenta un desafío que ya no se resuelve con discursos incendiarios ni con la lógica amigo-enemigo. La credibilidad, una vez erosionada por casos de corrupción, es mucho más difícil de recuperar que de perder.