La comisión investigadora del caso Libra sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político: el pedido de apartamiento del fiscal Caso Libra: denuncian maniobras para blindar al poder y crece la presión sobre Milei, su entorno y la Justicia
La comisión investigadora del caso Libra sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político: el pedido de apartamiento del fiscal Eduardo Taiano reavivó las sospechas de encubrimiento y dejó al descubierto una trama donde el poder político y judicial aparecen peligrosamente entrelazados.
En el centro de la escena vuelve a quedar el presidente Javier Milei, cuya administración enfrenta crecientes cuestionamientos por su relación con el expediente. Lo que en un inicio parecía una investigación técnica sobre posibles irregularidades financieras, hoy se transformó en un caso testigo sobre los límites —o la ausencia de ellos— en el ejercicio del poder.
Las críticas no se detienen en la figura presidencial. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aparece señalada por la oposición como una de las figuras clave en la toma de decisiones políticas que rodean al caso. Su influencia, cada vez más visible dentro del esquema de gobierno, también empieza a ser objeto de escrutinio público.
En paralelo, el nombre de Mauricio Novelli —vinculado a operaciones bajo investigación— agrega un componente aún más delicado: la posible conexión entre intereses privados y decisiones públicas.
El pedido para que Taiano se aparte no es un gesto aislado. Desde distintos sectores advierten que el fiscal ha tomado decisiones que, lejos de impulsar la investigación, la habrían ralentizado o encorsetado. Para la oposición, su continuidad representa un riesgo concreto de impunidad.
“El problema ya no es solo lo que se investiga, sino quién y cómo se investiga”, deslizan en los pasillos del Congreso. La frase sintetiza un clima de desconfianza que atraviesa a buena parte del sistema institucional.
Mientras tanto, el Gobierno evita dar explicaciones de fondo. El silencio oficial frente a los cuestionamientos no hace más que alimentar la sospecha de que detrás del caso Libra no solo hay posibles delitos económicos, sino también un intento sistemático de proteger a figuras cercanas al poder.
La discusión, en definitiva, excede a un expediente judicial. Lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones en un contexto donde la promesa de “terminar con la casta” choca con prácticas que, según denuncian sus críticos, replican —o incluso profundizan— los vicios más arraigados de la política argentina. Taiano reavivó las sospechas de encubrimiento y dejó al descubierto una trama donde el poder político y judicial aparecen peligrosamente entrelazados.
En el centro de la escena vuelve a quedar el presidente Javier Milei, cuya administración enfrenta crecientes cuestionamientos por su relación con el expediente. Lo que en un inicio parecía una investigación técnica sobre posibles irregularidades financieras, hoy se transformó en un caso testigo sobre los límites —o la ausencia de ellos— en el ejercicio del poder.
Las críticas no se detienen en la figura presidencial. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aparece señalada por la oposición como una de las figuras clave en la toma de decisiones políticas que rodean al caso. Su influencia, cada vez más visible dentro del esquema de gobierno, también empieza a ser objeto de escrutinio público.
En paralelo, el nombre de Manuelu Novelli —vinculado a operaciones bajo investigación— agrega un componente aún más delicado: la posible conexión entre intereses privados y decisiones públicas.
El pedido para que Taiano se aparte no es un gesto aislado. Desde distintos sectores advierten que el fiscal ha tomado decisiones que, lejos de impulsar la investigación, la habrían ralentizado o encorsetado. Para la oposición, su continuidad representa un riesgo concreto de impunidad.
“El problema ya no es solo lo que se investiga, sino quién y cómo se investiga”, deslizan en los pasillos del Congreso. La frase sintetiza un clima de desconfianza que atraviesa a buena parte del sistema institucional.
Mientras tanto, el Gobierno evita dar explicaciones de fondo. El silencio oficial frente a los cuestionamientos no hace más que alimentar la sospecha de que detrás del caso Libra no solo hay posibles delitos económicos, sino también un intento sistemático de proteger a figuras cercanas al poder.
La discusión, en definitiva, excede a un expediente judicial. Lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones en un contexto donde la promesa de “terminar con la casta” choca con prácticas que, según denuncian sus críticos, replican —o incluso profundizan— los vicios más arraigados de la política argentina.