En un giro que expone contradicciones internas, el Gobierno decidió aplicar una receta conocida en la política argentina: congelar precios para contener la inflación. Esta vez, el foco está en los combustibles. Durante 45 días, YPF mantendrá prácticamente sin cambios el valor de la nafta en surtidores, pese a las subas internacionales del petróleo.
La medida fue definida por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien resolvió desacoplar el precio local del barril respecto del mercado global. En términos simples: aunque el crudo suba en el mundo, el precio en Argentina quedará contenido por decisión política.
El mecanismo no es nuevo. Es, justamente, la lógica que el propio oficialismo criticó durante años: intervenir sobre precios clave para evitar que la inflación se dispare en el corto plazo. En los hechos, se trata de un control de precios clásico, aplicado sobre uno de los bienes más sensibles de la economía.
El trasfondo es claro. El Gobierno busca evitar un nuevo salto inflacionario en un contexto donde cualquier aumento en los combustibles impacta de lleno en el transporte, los alimentos y la estructura general de costos. La nafta funciona como un precio “testigo”: si sube, arrastra al resto.
Sin embargo, la decisión también abre interrogantes. El congelamiento genera un atraso en los precios relativos, que tarde o temprano suele corregirse con subas más bruscas. Además, presiona sobre los márgenes de la petrolera y puede derivar en tensiones en el abastecimiento si la brecha con los valores internacionales se amplía.
La escena deja una postal incómoda para el discurso oficial: el mismo Gobierno que prometía liberar los mercados ahora recurre a herramientas de intervención directa para sostener su programa económico.
Más que una excepción, la medida parece confirmar una regla histórica de la Argentina: cuando la inflación aprieta, las recetas ortodoxas ceden y vuelve el manual del congelamiento.