Por primera vez en la historia democrática moderna de Argentina, y tras una experiencia pionera en Córdoba, los votantes participarán en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre con la implementación de la Boleta Única Papel (BUP). Esta reforma, sancionada como ley en octubre de 2024, representa un cambio profundo en el sistema electoral, reemplazando las tradicionales boletas partidarias por un instrumento único y organizado por el Estado.
La BUP concentra toda la oferta electoral de un distrito en una sola papeleta, en la cual los votantes marcan sus preferencias en casilleros con una lapicera. Este sistema facilita el voto cruzado, permite mayor transparencia y garantiza igualdad en la distribución de las opciones, evitando desigualdades que existían bajo el formato anterior, donde cada partido imprimía y distribuía sus propias boletas.
El proceso de votación es sencillo: al ingresar al cuarto oscuro, el elector recibe la papeleta, marca sus elecciones y la dobla para depositarla en la urna, sin necesidad de usar sobres. Para los comicios de 2025, la Cámara Nacional Electoral aprobó dos modelos principales: uno para distritos que solo eligen diputados y otro para quienes también renuevan senadores, como Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.
Según expertos de organizaciones como CIPPEC y Chequeado, la implementación de la BUP busca promover mayor equidad, transparencia y accesibilidad. La experiencia en Córdoba, que lleva más de una década usando este sistema, muestra que la reforma favorece la fragmentación de votos en las categorías legislativas, incentiva el voto cruzado y ayuda a reflejar con mayor precisión las preferencias individuales de los electores.
Una de las principales ventajas es la reducción de riesgos de manipulación y fraude, además de facilitar la logística electoral. Sin embargo, también puede generar un aumento en votos en blanco o nulos, principalmente por errores o cansancio del elector, especialmente en categorías legislativas.
Este cambio en el sistema electoral llega en un momento en que unos 35 millones de argentinos están habilitados para votar, y tras una experiencia provincial en Córdoba que aporta valiosas lecciones para el proceso a nivel nacional. La implementación requiere también de campañas de capacitación y difusión para garantizar su correcta utilización y maximizar sus beneficios.
Esta innovación, inspirada en experiencias provinciales, podría marcar un antes y un después en la calidad y confiabilidad de las próximas elecciones argentinas.