El segundo año de mandato de Javier Milei cierra con un saldo negativo en materia de integridad institucional, tras confirmarse que la Argentina empeoró su calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. El país obtuvo 36 puntos sobre un máximo de 100, lo que representa una caída de una unidad respecto a la medición anterior y un retroceso de cinco posiciones en el escalafón global, situándose ahora en el puesto 104. Este deterioro aleja a la nación del promedio de la región y la coloca en un escenario de vulnerabilidad ética, según advirtieron los organismos encargados del monitoreo de transparencia.
La caída en el ranking se explica fundamentalmente por una combinación de falta de políticas activas para fortalecer los organismos de control y el impacto de escándalos judiciales que salpicaron directamente a la gestión. Desde la organización Poder Ciudadano señalaron que durante estos dos años existió una ausencia de interés por parte del Poder Ejecutivo en la agenda de ética pública, sumado a un debilitamiento deliberado de las estructuras de prevención. Esta inacción institucional dejó el terreno fértil para que las sospechas de irregularidades ganaran terreno en la opinión pública y en las evaluaciones de los consultores internacionales.
Dos causas judiciales fueron determinantes para este retroceso: el caso $LIBRA y la investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. En el primer caso, la justicia investiga una presunta estafa y asociación ilícita vinculada a un criptoactivo que involucra a sectores cercanos al Gobierno. Por otro lado, la situación en la ANDIS escaló tras el procesamiento de su exdirector, Diego Spagnuolo, en una causa por coimas y sobreprecios que reveló maniobras de fraude al Estado. Estas investigaciones, lejos de ser casos aislados, han sido interpretadas por los evaluadores como síntomas de una falta de transparencia que el actual gobierno no ha logrado, o no ha querido, desarticular.