El escándalo de la criptomoneda $LIBRA no empezó con un tuit. Empezó mucho antes, en reuniones discretas, contactos políticos y un circuito de acceso al poder que tuvo como eje a Mauricio Novelli, el operador que conectó el mundo cripto con la Casa Rosada.
Durante las semanas previas al lanzamiento, Novelli funcionó como nexo entre empresarios del sector y el entorno presidencial. Hubo ingresos a la Casa Rosada, encuentros reservados y una dinámica que, con el correr de los meses, empezó a reconstruirse en expedientes judiciales y filtraciones. En ese esquema, el rol de Karina Milei aparece como central: control de agenda, habilitación de accesos y cercanía directa con quienes buscaban llegar a Javier Milei.
En ese contexto también aparecen elementos que, aunque el oficialismo intentó minimizar, fueron sumando peso simbólico y político: visitas a Casa Rosada que no quedaron del todo registradas, relatos sobre celebraciones privadas —incluido el episodio del champagne— y versiones sobre reuniones donde participaron jóvenes promotoras, conocidas como “las 12 chicas”, que nunca fueron aclaradas oficialmente pero quedaron flotando como parte del clima opaco que rodeó el lanzamiento.
El 14 de febrero de 2025 ocurre el punto de inflexión. Milei publica en redes sociales promocionando $LIBRA. No fue un gesto menor: difundió el contrato del token y lo presentó como una oportunidad vinculada al desarrollo económico. En minutos, el activo pasó de no valer prácticamente nada a dispararse de manera explosiva. Miles de personas compraron impulsadas por la validación presidencial.
Pero el movimiento duró poco. En cuestión de horas, los creadores del token liquidaron posiciones y el precio se desplomó. El esquema dejó ganancias concentradas en pocas manos y pérdidas masivas en inversores. El patrón era claro: un clásico “pump and dump”, pero con un elemento inédito, la participación directa del Presidente.
Al día siguiente empezó la retirada. Milei borró el mensaje y buscó despegarse. Dijo que no había promocionado, que solo había difundido. La línea defensiva se terminó de consolidar en la entrevista con Jonatan Viale, donde intentó reencuadrar el episodio. Sin embargo, esa aparición terminó generando más dudas que certezas: inconsistencias en el relato, contradicciones y una puesta en escena que dejó expuesto al gobierno en uno de sus momentos más frágiles.
Mientras tanto, las denuncias empezaron a acumularse. Inversores afectados recurrieron a la Justicia en Argentina y en el exterior. El foco se desplazó rápidamente desde el colapso financiero hacia la posible existencia de una estructura organizada. Las investigaciones comenzaron a seguir el rastro del dinero y las comunicaciones.
Ahí vuelve a aparecer Novelli. El análisis de su celular y de sus vínculos abrió una nueva dimensión del caso: contactos directos con Milei, intercambios durante el momento del lanzamiento y la sospecha de que no se trató de un hecho espontáneo sino de una operación coordinada. En paralelo, surgieron hipótesis aún más delicadas, como la posibilidad de pagos para garantizar la promoción presidencial.
El escándalo dejó de ser solo económico para convertirse en político. La figura de Karina Milei volvió a quedar bajo la lupa por su rol en el armado de reuniones y el manejo del acceso al Presidente. La Casa Rosada pasó de ser el escenario institucional a convertirse en parte del problema.
Hoy el caso $LIBRA sigue abierto y creciendo. La Justicia analiza pruebas, reconstruye movimientos financieros y busca determinar responsabilidades. Novelli aparece como pieza clave. Milei, que intentó presentarse como un actor externo, quedó cada vez más comprometido por su intervención directa. Y Karina, como la administradora del poder real dentro del gobierno, enfrenta cuestionamientos que golpean el corazón mismo del esquema libertario.
Lo que empezó como una supuesta oportunidad de inversión terminó revelando una trama donde se mezclan política, dinero y acceso privilegiado. El problema ya no es solo una criptomoneda que colapsó. Es la sospecha de que el poder presidencial pudo haber sido utilizado como herramienta para una maniobra que dejó miles de damnificados.
Caso $LIBRA: qué puede pasar si la Justicia avanza sobre la presunta estafa
Si la investigación judicial sobre $LIBRA avanza, el expediente puede escalar desde un escándalo político a una crisis institucional de primer nivel. No se trata solo de determinar si hubo una maniobra financiera irregular, sino de establecer si el poder presidencial fue utilizado —directa o indirectamente— para beneficiar a un grupo reducido en perjuicio de miles de inversores.
El primer escenario posible es la imputación formal de los actores centrales. En ese eje aparece Mauricio Novelli, señalado como articulador entre el mundo cripto y el entorno político. Si la Justicia logra probar que hubo coordinación previa al lanzamiento del token, podría enfrentar cargos por estafa, intermediación financiera no autorizada o incluso asociación ilícita.
Pero el punto más delicado es el rol de Javier Milei. Aunque un presidente en ejercicio tiene inmunidades que limitan medidas como la detención, eso no impide que sea investigado. Si se comprobara que su intervención no fue inocente —es decir, que conocía la mecánica del proyecto o que recibió algún tipo de beneficio— el caso podría derivar en figuras penales graves como defraudación o negociaciones incompatibles con la función pública.
En paralelo, la figura de Karina Milei también podría quedar comprometida. Su rol como administradora del acceso al Presidente la coloca en una posición clave dentro de la trama. Si se demuestra que facilitó reuniones, contactos o ingresos a la Casa Rosada vinculados al negocio, podría ser alcanzada por la investigación.
Otro frente crítico es el económico. La Justicia puede avanzar en el congelamiento de activos, rastreo de cuentas y recuperación de fondos. En casos de estafas financieras, es habitual que se intente reconstruir la “ruta del dinero” para determinar quiénes se beneficiaron realmente. Si aparecen transferencias sospechosas o ganancias extraordinarias concentradas, el caso podría internacionalizarse aún más, con intervención de organismos extranjeros.
También existe un escenario político de alto impacto: la apertura de un proceso de juicio político. Si las pruebas judiciales se vuelven contundentes, el Congreso podría intervenir para evaluar la responsabilidad institucional del Presidente. No es automático ni sencillo, pero el antecedente de una presunta estafa con participación presidencial cambiaría completamente el equilibrio político.
En términos penales, otra posibilidad es que la causa se amplíe hacia una estructura más compleja. Si se acredita que hubo planificación, reparto de roles y beneficio económico coordinado, la figura de asociación ilícita toma fuerza. Esto implicaría que no se trató de un hecho aislado, sino de una organización con objetivos concretos.
Por último, está el impacto reputacional y sistémico. Más allá de las condenas o absoluciones, el avance judicial puede erosionar la credibilidad del gobierno y del propio sistema financiero vinculado a activos digitales. La combinación de política y criptomonedas, en este caso, dejó de ser una promesa de innovación para convertirse en un terreno de sospecha.
El futuro del caso $LIBRA depende de pruebas técnicas, peritajes y decisiones judiciales. Pero si la investigación confirma lo que hoy son indicios, el expediente podría transformarse en uno de los casos más graves de presunta corrupción y fraude con participación estatal de los últimos años en la Argentina.