En medio de tensiones políticas y falta de consensos, el Gobierno decidió retirar momentáneamente el proyecto de Reforma Penal Juvenil que había enviado al Congreso. La medida busca reordenar la estrategia legislativa del oficialismo, que ahora apuesta a acelerar la conformación de comisiones y llevar la iniciativa al recinto de la Cámara de Diputados el próximo jueves.
Según fuentes parlamentarias, la decisión responde a la necesidad de garantizar los apoyos necesarios antes de avanzar con el tratamiento formal. En las últimas semanas, distintos bloques opositores habían manifestado objeciones tanto al contenido del proyecto como al procedimiento elegido para su discusión, lo que ponía en riesgo su aprobación.
Desde el oficialismo sostienen que el retiro no implica un freno definitivo, sino una maniobra táctica para reimpulsar el debate con mayor respaldo político. La prioridad ahora será conformar y poner en funcionamiento las comisiones clave, paso indispensable para emitir dictamen y habilitar el tratamiento en el recinto.
El proyecto, que busca modificar el régimen penal juvenil y establecer nuevas pautas para la responsabilidad penal de menores, genera divisiones tanto dentro del Congreso como entre especialistas en derecho penal y organizaciones sociales. Mientras algunos sectores reclaman avanzar con cambios urgentes ante el aumento de delitos cometidos por menores, otros cuestionan el enfoque punitivo y reclaman políticas integrales de prevención.
De cara a la sesión prevista para el jueves, el oficialismo deberá negociar contrarreloj con aliados y bloques dialoguistas para asegurar el quórum y los votos necesarios. El resultado de esas conversaciones será determinante para definir si la iniciativa logra finalmente avanzar o si deberá volver a foja cero en el debate legislativo.