Mientras los salarios pierden contra la inflación y la economía real sigue en retroceso, el corazón del poder libertario exhibe un fenómeno difícil de explicar sin levantar sospechas: un crecimiento patrimonial acelerado, muy por encima de cualquier variable macroeconómica razonable.
El caso más estridente es el de Manuel Adorni. El funcionario que hizo de la austeridad discursiva un mantra duplicó —y más— su patrimonio en apenas un año de gestión. Pasó de $25 millones a $107 millones, un salto del 319%, en un contexto donde la inflación fue del 173% y los ingresos de la mayoría de los argentinos retrocedieron en términos reales. La matemática no cierra.
Pero lo más inquietante no es solo cuánto creció, sino cómo. Adorni incorporó dólares en efectivo —sí, “en el colchón”—, compró un vehículo y, al mismo tiempo, multiplicó sus deudas privadas con un entramado que incluye a su propia madre, una contadora, una inmobiliaria y hasta una sucesión. Un esquema que recuerda viejas prácticas de “ingeniería patrimonial” utilizadas para justificar enriquecimientos difíciles de explicar.
A eso se suma un dato aún más grave: la omisión de bienes familiares en su declaración jurada, como la propiedad adquirida por su esposa en 2024. No es un detalle menor. Es, directamente, una irregularidad que debería encender alarmas en cualquier organismo de control.
Y sin embargo, Adorni no es el que mejor hizo los “deberes”.
Luis Caputo, el ministro de Economía que pide a los argentinos que saquen los dólares del colchón, incrementó su fortuna un 413%, alcanzando los $11.851 millones. La explicación oficial: habilidad financiera. La realidad: casi la totalidad de sus activos están en el exterior, fuera del sistema que él mismo intenta fortalecer con su prédica. Un doble estándar que erosiona cualquier discurso de confianza.
Por su parte, Karina Milei protagoniza el salto más abrupto: 569% de incremento patrimonial. De $1,7 millones a $11 millones en poco más de un año. La funcionaria más poderosa del gobierno, sin antecedentes económicos relevantes de gran escala, pasó a engrosar su patrimonio a una velocidad que ni siquiera los mercados más dinámicos garantizan. En paralelo, crecen las versiones sobre mecanismos informales de recaudación política, nunca aclarados.
El propio presidente, Javier Milei, tampoco quedó al margen: su patrimonio creció un 276%. Aunque menor que el de sus funcionarios más cercanos, sigue estando muy por encima de la inflación. La contracara es la sociedad: salarios que cayeron más de 5% en términos reales y un ajuste que golpea a trabajadores y jubilados.
En ese contexto, algunos funcionarios muestran trayectorias más “prolijas”, aunque no por eso menos llamativas. El canciller Pablo Quirno prácticamente calcó la inflación en su crecimiento patrimonial, pero mantiene importantes sumas fuera del sistema bancario. Un dato contradictorio con el discurso oficial de formalización financiera.
Distinto es el caso de Sandra Pettovello, quien directamente perdió patrimonio en términos reales. Su declaración deja otra señal inquietante: propiedades valuadas sin actualización, como si la devaluación y la inflación no hubieran existido. Una práctica que distorsiona la transparencia que deberían garantizar estos informes.
El cuadro general es elocuente. Mientras el gobierno predica disciplina, esfuerzo y sacrificio para la población, sus principales figuras acumulan riqueza a un ritmo que no se explica por sus ingresos declarados ni por el contexto económico.
La pregunta ya no es política, sino institucional: ¿quién controla a los que gobiernan?
Porque cuando el ajuste es para todos menos para quienes toman las decisiones, lo que está en juego no es solo la economía. Es la credibilidad misma del sistema.