El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó, tras años de debate y controversias, una ordenanza que regula el funcionamiento de plataformas de transporte como Uber, DiDi y Cabify. Con 28 votos a favor, dos en contra y una abstención, la medida pone fin a una prolongada judicialización que comenzó en 2018 y establece un marco legal para estas aplicaciones, integrándolas al sistema de movilidad urbana de la ciudad.
El proyecto, impulsado por el oficialismo, elimina el polémico cupo de licencias que limitaba la cantidad de vehículos habilitados a 3.998, según el Censo 2022, dejando en manos del Ejecutivo municipal la facultad de establecer restricciones según la demanda o criterios demográficos. Este cambio respondió a críticas de sectores como el bloque radical, que consideraban el cupo fijo potencialmente inconstitucional, y de empresas como Uber, que argumentaban que restringiría la oferta de viajes, afectando a usuarios y conductores.
La ordenanza impone requisitos estrictos para las plataformas, conductores y vehículos. Las empresas deberán registrarse como personas jurídicas, contar con habilitación municipal, seguros de responsabilidad civil y domicilio legal en Córdoba. Los conductores necesitarán licencia profesional, antecedentes penales limpios, alta en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), y certificados que acrediten no estar en registros de delitos sexuales o deudores alimentarios. Los vehículos, por su parte, no podrán superar los 10 años de antigüedad, deberán contar con inspección técnica cada cuatro meses, aire acondicionado, y estar identificados con el logo de la aplicación. Además, se establece una tarifa mínima no inferior al boleto de transporte urbano (actualmente $1.580) y un sistema tarifario dinámico.
El camino hacia esta regulación no estuvo exento de tensiones. Taxistas y remiseros, liderados por el Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba (Sipetaco), protestaron frente al Concejo Deliberante, denunciando precarización y competencia desleal, con incidentes que incluyeron forcejeos con la Policía. Por otro lado, Uber destacó que la regulación es un “decisivo paso hacia adelante” tras seis años de conflicto, y se comprometió a apoyar a los conductores para cumplir con las nuevas exigencias. La empresa señaló que, entre 2023 y 2025, tributó más de $1.300 millones en Ingresos Brutos en Córdoba y que 400 mil usuarios utilizaron la aplicación en la ciudad.
La aprobación de esta ordenanza, que sigue el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de abril de 2025 que habilitó provisionalmente a Uber bajo condiciones específicas, refleja un intento de equilibrar la modernización del transporte con la protección de los intereses de taxistas y remiseros. Sin embargo, críticos como la concejal Jessica Roveto Yapur advierten que la regulación aún conserva un enfoque intervencionista, con tarifas mínimas y requisitos que podrían limitar la competencia plena.
Con esta normativa, Córdoba se suma a ciudades como Mendoza, que ya reguló el transporte por plataformas, y da un paso hacia una movilidad más integrada. Sin embargo, la implementación efectiva de la ordenanza y su impacto en usuarios, conductores y el sistema de transporte tradicional serán clave para evaluar su éxito. Mientras tanto, la ciudad se prepara para un nuevo capítulo en su dinámica urbana, donde la tecnología y la regulación buscan convivir en beneficio de los cordobeses.