La trama que rodea al jefe de Gabinete Manuel Adorni suma un nuevo capítulo explosivo: la escribana que certificó operaciones clave vinculadas a sus propiedades arrastra antecedentes en causas ligadas al narcotráfico.
Se trata de Adriana Nechevenko, quien fue citada a declarar por su intervención en maniobras relacionadas con la compra de inmuebles del funcionario, operaciones que ella misma avaló con su firma. Pero lo que convierte el caso en un escándalo mayor no es solo su rol actual, sino su pasado.
Hace 12 años, Nechevenko fue testigo en un juicio donde sus propios clientes terminaron condenados por narcotráfico. No se trataba de un expediente menor: la causa giraba en torno a estructuras que operaban con testaferros en el negocio de la efedrina, uno de los circuitos más oscuros y rentables del crimen organizado en Argentina.
La coincidencia abre interrogantes inevitables. ¿Cómo una profesional que estuvo vinculada —aunque sea como testigo— a una red de estas características termina certificando operaciones de un alto funcionario del gobierno? ¿Qué controles fallaron? ¿Qué nivel de conocimiento tenía sobre las estructuras en las que intervenía?
La figura del escribano no es menor: es quien da fe pública, quien valida legalmente operaciones que luego se vuelven prácticamente incuestionables. Por eso, la aparición de estos antecedentes no es un dato anecdótico, sino un elemento que compromete la transparencia de todo el circuito.
En un contexto donde el propio gobierno asegura estar librando una batalla contra la corrupción, este episodio golpea en el corazón del discurso oficial. Porque no se trata solo de legalidad, sino de credibilidad.
La investigación recién empieza, pero deja una certeza incómoda: cuando los mismos nombres aparecen una y otra vez en operaciones sensibles, ya no alcanza con hablar de casualidades.