Los gobernadores de diversas provincias argentinas se reunieron en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), ubicada en Azopardo 750, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para abordar la preocupante caída de la coparticipación federal y sus impactos en las finanzas provinciales. El encuentro, que comenzó a las 11 de la mañana, contó con la participación de mandatarios de distintos espacios políticos y representantes del gobierno nacional, reflejando la urgencia de consensuar estrategias frente a la crisis económica que afecta a las provincias.
La reunión fue una continuidad de los debates iniciados el 3 de junio en el mismo escenario, donde los gobernadores expresaron su inquietud por la merma de recursos coparticipables, la paralización de la obra pública y los recortes en las transferencias nacionales. Según datos de la Comisión Federal de Impuestos, se proyecta una caída del 4,2% en las transferencias automáticas para 2025, lo que representa una pérdida cercana a los $2,5 billones para las provincias, equivalente al 0,3% del PBI. Provincias como La Pampa y Santa Fe serían las más afectadas, con bajas estimadas del 6%.
Entre los presentes se destacaron Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (CABA), Martín Llaryora (Córdoba), Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Poggi (San Luis), Gustavo Sáenz (Salta), entre otros. También participaron vicegobernadores de La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Chaco, junto al secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.
Uno de los resultados clave del encuentro fue la firma de un proyecto de ley conjunto para redefinir la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos, proponiendo eliminar los fondos fiduciarios asociados y garantizar una asignación más equitativa de estos recursos. Los gobernadores también plantearon incorporar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las transferencias automáticas, reduciendo su discrecionalidad, y exigieron respuestas al gobierno nacional sobre la reactivación de la obra pública y el mantenimiento de la infraestructura vial.