La renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Indec no es un hecho administrativo más: es una señal de alarma institucional para un organismo clave de la República y un golpe político para el gobierno de Javier Milei, que prometió transparencia pero hoy acumula conflictos y dudas.
Lavagna dejó su cargo este lunes, apenas días después de la implementación de la nueva metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un cambio sensible que impacta de lleno en la medición de la inflación, los salarios, las jubilaciones y los planes sociales. La salida se produce, además, en un clima de fuerte tensión interna, con reclamos salariales, malestar del personal y denuncias de vaciamiento.
El dato no es menor: el Indec es el termómetro de la economía y la inflación es el principal activo político que exhibe el Gobierno. Que el director del organismo renuncie justo cuando se redefine cómo se mide ese indicador alimenta sospechas, genera desconfianza y revive los fantasmas del pasado que la Argentina juró no repetir.
Desde la Casa Rosada intentan bajar el tono y presentan la renuncia como una decisión personal. Sin embargo, puertas adentro del organismo se habla de presiones, ajuste brutal y deterioro de las condiciones laborales, en línea con la lógica de motosierra que el Gobierno aplica sin distinguir áreas sensibles del Estado.
El contraste es evidente: mientras el Ejecutivo exige “credibilidad” y “confianza” de los mercados, debilita la institucionalidad estadística, una de las pocas políticas de Estado que habían logrado consenso tras años de manipulación y descrédito. La salida de Lavagna deja al Indec sin conducción estable en un momento crítico y abre interrogantes sobre quién y con qué criterio se manejarán los datos oficiales.
La inflación puede bajar en los discursos, pero la credibilidad no se ajusta por decreto. Y cada renuncia en áreas clave confirma que el experimento libertario no sólo ajusta números: también erosiona instituciones.