Crece el malestar y los cuestionamientos de los intendentes del interior de Córdoba hacia los ministros de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, y de la Nación, Patricia Bulrrich, por la falta de apoyo, financiamiento y «abandono» de las políticas y acciones locales vinculadas con la seguridad, un problema que consideran heredado y para el que no cuentan con herramientas institucionales ni financieras. El primer paso lo dieron los jefes comunales del Departamento Colón, quienes se reunieron hace unas semanas específicamente a tratar estos asuntos y decidieron formular un planteo conjunto. A ellos se suman ahora, en forma creciente, los intendentes de todo el interior y apunta a transformarse en una movida incómoda. El movimiento incluye municipios administrados por la oposición al gobierno provincial y también a los propios intendentes de Hacemos por Córdoba. Los ejes del planteo que apuntan a la dupla Quinteros/Bulrrich (en el análisis de los municipios ambos funcionarios funcionan como un dueto) son múltiples, pero podrían resumirse inicialmente así: desfinancimiento del proyecto de Guardias Urbanos, ausencia de programas de inversión en tecnología y trato discriminatorio según «afinidades» para pocos municipios «privilegiados». Pasemos en limpio:
En relación a las Guardias Urbanas las críticas pasan por la falta de recursos para el recambio y mantenimiento de móviles. Las municipalidades acordaron con Seguridad de la Provincia hacerse cargo de los costos de personal y movilidad para los equipos de Guardias Urbanas, pero según plantean, «hay personal, hay movilidad, pero no hay vehículos porque el Ministerio de Seguridad no suministra ni las cubiertas para los vehículos. Ni hablemos cuando alguno se rompe. O lo paga la municipalidad a no se arregla nunca». A eso le suman la falta de apoyo policial a las acciones de la Guardia Urbana. En ese sentido aseguran que en la mayoría de las ciudades «no hay ni personal, ni condiciones edilicias mínimas de las sedes policiales para que el programa de Guardias Urbanas funcione». Y cierran: «el apoyo de Seguridad es solo discurso. En los hechos nos tenemos que arreglar solos».
Otro punto es la falta de provisión de Cámara de Seguridad para programas de instalación ya diseñados y, en algunos casos, hasta anunciados. «Las últimas cámaras de seguridad que se entregaron al interior provincial fueron de la gestión de (Juan) Schiaretti», aseguran. Y aquí asociacian las críticas a Patricia Bulrrich: «la Nación, que dice que apoya estas iniciativas en Córdoba, solo entregó cámaras a los municipios con intendentes que se hicieron libertarios. Unos pocos. Para la mayoría no hay plata, y el ministro de Seguridad de Córdoba la aplaude», aseguran con visible irritación.
Todo esto en un contexto aún más grave y que se vincula con el recorte de fondos coparticipables que sufren las municipalidades a raíz de la baja en los envíos nacionales.
Por supuesto que los jefes comunales que cuestionan hablan en off the récord. Hay un manifiesto temor a represalias a las que nadie se quiere exponer, pero que no se haga en público y nominal el reclamo no quiere decir que el tema sea menor. Por el contrario, amenaza con ser una movida que intentarán lllevar al despecho del propio gobernador de la provincia.