Entre los intendentes del interior provincial es un secreto a voces: la oposición juecista condiciona la resolución y firma de los expedientes en el Tribunal de Cuentas en función del alineamiento político de los intendentes y, especialmente, pide a los jefes municipales críticas públicas al gobierno de la provincia.
Hasta ahora los condicionamientos serían los señalados, más allá de las versiones siempre activas que rodean éste ámbito.
Así lo confirmaron cuatro jefes comunales a Jornada Política. Dos de ellos gobiernan localidades del Gran Córdoba, otro una del norte pobre, y el cuarto un municipio del centro-sur sojero.
Aseguran haber sido contactados por legisladores provinciales del entorno más íntimo de Luis Juez que se asumen «armadores políticos«. Las autoridades municipales son todas representaciones de la Unión Cívica Radical y de estas «gestiones» dependen, casi siempre, obras que les reclaman sus vecinos.
¿Por qué no hacen público el reclamo de esta supuesta irregularidad institucional?. No son claros ni contundentes, pero de sus justificaciones se infieren el miedo patológico a los «trolls», la decisión política de «mejor resolverlo por la buena para no complicar la alianza Juntos por el Cambio», y la especulación de que finalmente «lo van a sacar». Sin embargo a nadie escapa que la jugada beneficia a dos puntos a Luis Juez.
Por un lado lo fortalece en la interna con sus socios radicales alineando intendentes; y por otro, logra voces críticas a la administración de Martín Llaryora.
A la hora de los cuestionamientos por las demoras en obras a nadie le significa demasiado que el Tribunal de Cuentas en el ámbito provincial sea controlado por el juecismo. Quien lo preside es el contador Beltrán Corvalán, quien anida, desde hace tiempo la expectativa de jugar como primera espada del Frente Cívico en la ciudad Capital.
Son públicas su intención de posicionarse como candidato a intendente de la ciudad en 2027. De hecho ya fue precandidato con buena visibilidad en 2023.
Su futuro político, siempre atado a la suerte del Senador Nacional, adquiere más expectativas con Luis Juez como candidato por fuera de una alianza con la UCR, aunque en esta etapa está dispuesto a hacer su aporte sin «condiciones».
La otra integrante de la mayoría opositora es la abogada Fernanda Leiva, socia histórica de Juez y real operadora, silenciosa y obediente. Leiva es quien con más detalle suministra tareas al call center de los legisladores que pescan en la piscina del interior.
La composición se completa con la integrante por el oficialismo Silvina Rivero cuya terminal es el schiarettismo.
Por ahora el asunto se comenta en reserva, aunque algunos de los que confirmaron la mecánica poco republicana de la oposición juecista no descarta hacer un planteo hacia el interior de su propio partido. ¿Qué lo demora?: «Es que con Rodrigo (de Loredo) nunca sabes qué hacer», se justificó. La rebeldía parece no ser su fuerte.
El tema no es menor, aunque difícil será que Beltrán Corvalán y Leiva ofrezcan explicaciones.