El juez en lo penal económico Martín Yadarola ordenó una serie de medidas de prueba en el caso de las valija de Milei en Ezeiza. Entre ellas, identificar para llamar a declarar a funcionarios de la Aduana, Migraciones y la Administración Nacional de la Avión Civil (ANAC) que participaron del irregular control vinculado al arribo del avión del empresario Leonardo Scatturice.
Este caso involucra al Gobierno de Javier Milei no sólo por las sospechas por la falta de controles al avión sino también porque Leonardo Scatturice, argentino radicado en Miami, es socio del empresario Mario Montoto y de la confianza (ambos) de Santiago Caputo, el asesor estrella del Presidente. Además, Laura Belén Arrieta, la mujer que traía las valijas en el vuelo privado está ligada a la Acción Política Conservadora con la que Milei tiene lazos carnales. Parece que todo tiene que ver con todo.
La sospecha de los fiscales es que existen errores en los registros migratorios y aeronáuticos que informaron un punto de partida distinto al real. Por esa razón, se ordenaron nuevas medidas, entre ellas testimoniales y pedidos de informes a organismos oficiales, y se volvió a tomar declaración a los pilotos del vuelo.
En el dictamen de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) se advirtieron sobre inconsistencias en la hoja de ruta del avión: “Según consta en la Declaración General de Vuelo, el aeropuerto de origen informado fue Fort Lauderdale (KFLL). Sin embargo, a partir del análisis de diversa documentación incorporada tanto a este expediente como al expediente judicial, no se pudo confirmar con certeza si la aeronave efectivamente partió desde dicho aeropuerto o desde el aeropuerto de Opa-locka (KOPF)”.
Por su parte, el fiscal Claudio Navas Rial no descarta “la existencia de una instrucción externa que habría condicionado el desarrollo de los procedimientos previstos ” con la llegada del avión Bombardier 5000 el 26 de febrero pasado, en una alusión implícita al Gobierno.
Fuentes judiciales confirmaron a Clarín -que junto a TN, también de Grupo Clarín, vienen dando amplia cobertura a este caso- que el juez “ya puso en marcha varias de las medidas pedidas por el fiscal Navas Rial”.
Navas Rial, apoyado por la investigación preliminar del titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, solicitó identificar a la agente de la Aduana a la cual la gerenta de OCP TECH y pasajera Laura Arrieta le pasó un celular, escuchó a un tercero, dijo «Okey» y los dejó pasar las valijas por el escanear, así como secuestrar el celular desde que se entabló esa comunicación.
Por otra parte, el fiscal pidió “identificar a todos los vehículos que intervinieron en el arribo del avión a la rampa asignada para su aterrizaje en el hangar de Royal Class en el aeroparque metropolitano. En particular ‘dos camionetas tipo traffic de color negro, presuntamente pertenecientes a la empresa Royal Class; una camioneta tipo traffic de color blanco, que podría pertenecer a la PSA; una camioneta de color blanco y celeste presuntamente asignada a personal de la Dirección General de Aduanas; dos o tres camionetas tipo utilitarias blancas, que se aproximan y se retiran de la aeronave en distintos momentos, según surge de las imágenes analizadas’”.
El fiscal también solicitó “establecer qué tipo de autorizaciones son requeridas para dichos movimientos (de vehículos en la pista) y por qué una de las camionetas tipo Traffic color negro se acercó al avión para luego quedar estacionada en el hangar de Royal Class”.
Luego sugirió “identificar el rol del automóvil negro que se observa cerca de la aeronave en el momento en que se trasladó al piloto para ‘sellar’ la aeronave en rampa”.
El fiscal también pidió datos la Dirección General de Aduanas respecto de sus funcionaros “ Cintia Cali, Fernando Carretoni (agentes aduaneros intervinientes en el ingreso del vuelo), Omar Beltramino (agente aduanero interviniente en el egreso del vuelo), y cualquier otro agente que haya estado presente en el hall de control de ARCA al momento en que se habría indicado a los pasajeros y a la tripulación que no era necesario pasar sus valijas por el escáner”.
«Discrepancias» entre cantidad de valijas y otras sospechas del fiscal
En su requerimiento de instrucción, el fiscal tuvo en “la discrepancia entre los cinco bultos declarados oficialmente en el Formulario de Declaración General y las imágenes de la PSA que muestran más de diez bultos trasladados por el grupo vinculado al vuelo, se sugiere la ampliación de las declaraciones testimoniales ya prestadas por ambos tripulantes con el fin que, exhibidas que le sean las imágenes registradas al momento del arribo de la aeronave, expliquen las inconsistencias detectadas”.
El fiscal señaló que “considerando la falta de documentación precisa sobre la totalidad del equipaje ingresado al país, la ausencia de un control formal al respecto y las imágenes que evidencian una cantidad superior a la declarada oficialmente, se sugiere recibir declaración testimonial al conductor del vehículo identificado como ‘Michi’ -a quien uno de los pilotos refirió como chofer de la pasajera Laura Belén Arrieta-, a fin de determinar su grado de intervención en el traslado del equipaje, su vínculo con los pasajeros y su conocimiento sobre el contenido de los bultos”.
También recomendó al juez Yadarola “identificar al personal de la empresa Royal Class que intervino en la operación de arribo, en especial a las dos personas que, según se desprende del análisis de las imágenes, trasladaban los bultos (posibles maleteros), así como a los dos agentes que habrían acompañado a la pasajera y la tripulación durante todo el procedimiento, tanto en pista como en el hall de Aduana”. Una vez identificados, pidió que se les reciba declaración testimonial.
En cuanto a la permanencia de la aeronave Bombardier en el aeroparque, el fiscal solicitó a la Aduana que:
- Informe cuál era la normativa vigente aplicable al momento de los hechos y en la actualidad, en relación con la permanencia de aeronaves en el territorio argentino. También deberá informar cuál es la normativa vigente en relación con el control de aeronaves en hangares privados.
- Indique expresamente qué organismo o área es responsable de realizar controles en el hangar durante la permanencia de aeronaves, y cuál es el rol del resguardo aduanero en esos casos.
Más adelante, el fiscal requirió que la Aduana “informe y remita todas las actuaciones realizadas en relación con el fondeo de la aeronave, presuntamente efectuado por la División Brigada de Fondeo, dependiente del Departamento de Inspecciones Aduaneras de la Dirección de Investigaciones y Procedimientos, bajo la órbita de la Subdirección General de Control Aduanero”.
En cuanto a las “inconsistencias en registros migratorios”, el fiscal pidió que Migraciones “proceda a la rectificación urgente de los datos incorrectamente consignados en el sistema migratorio”.
También que Migraciones “remita toda la información relevante sobre los mecanismos de validación cruzada utilizados actualmente entre Migraciones”.
Y en cuanto a que la ANAC “informó que no se encuentran registrados los movimientos de la aeronave durante las fechas indicadas, se recomienda requerir un informe detallado que explique las causas de esta omisión en los registros oficiales, el cual deberá incluir la normativa vigente aplicable al registro y control de movimientos de aeronaves privadas, así como los procedimientos y sistemas utilizados para tal fin”. Además, ese organismo “deberá identificar a los responsables de asegurar estos registros, detallando sus acciones y omisiones en este caso particular”.
En conclusión, la diferencia de tratamiento entre Arrieta y otros pasajeros “resulta particularmente significativa, ya que no obedeció a una situación de congestión ni a una saturación operativa que justificara una alteración en la dinámica de control”.
El desvío de los controles “fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección”. Entonces, “se evidenció una discrecionalidad no reglada, sin trazabilidad ni fundamentos objetivos que permitan reconstruir o verificar los motivos de la decisión adoptada”, finalizó el fiscal.