El presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, el juecista Beltrán Corvalán, quedó en medio de una polémica a raíz de su cuestionamiento al proceso licitatorio que impulsa el Gobierno de Córdoba para implementar un sistema de monitoreo de seguridad a través de drones.
Corvalán dijo que se trata de una licitación “dirigida”, con un único oferente y un monto que supera los 7 millones de dólares, es decir, más de 10 mil millones de pesos. Intentó reforzar su planteo con datos de una licitación similar de la provincia de San Fe. Y acá apareció el problema. La licitación santafesina que Corvalán usó como referencia es del año 2021. Seguramente como contador público el funcionario juecista no desconoce que desde 2021 a 2025 la inflación en Argentina acumuló 475%. Y que ese registro en pesos impacta también en los precios dolarizados.
Lo que no sabemos con certeza es si Beltrán Corvalán cometió un error básico cuestionando alegremente y con el viento a favor del periodismo neolibertario o si lo hizo mintiendo conciente de que su información estaba manipulada. De cualquier manera es grave. Mucho más si lo que se involucra tiene que ver con la seguridad.