El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presentó un paquete de medidas para abordar el déficit estructural que arrastra desde hace años la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia, un problema que —según remarcó— se originó en gestiones anteriores de distintos signos políticos.
En un mensaje dirigido a los cordobeses, el mandatario sostuvo que una parte central del desequilibrio se resolvería si el Estado nacional saldara la deuda que mantiene con Córdoba, reclamo que la Provincia continúa llevando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Nuestro objetivo es que los jubilados provinciales sostengan ingresos mejores que los del sistema nacional”, afirmó.
En ese marco, Llaryora anunció la eliminación del Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para Desequilibrios de la Caja (FOCCA) y la implementación de una nueva escala de aportes personales para los trabajadores activos, que irá del 2% al 8% según el nivel de haberes.
Hasta ahora, los activos aportaban un 4% fijo. Con el nuevo esquema, quienes perciban hasta $755.000 aportarán el 2%; entre $755.000 y $1 millón, el 3%; entre $1 millón y $2,5 millones, el 4%; entre $2,5 millones y $3,5 millones, el 6%; y más de $3,5 millones, el 8%. Desde el Gobierno señalaron que el 74% de los activos no registrará cambios en su aporte, porcentaje que en el sector docente alcanza al 87%.
Otra de las medidas centrales es la creación de un adicional mensual no remunerativo para garantizar que los jubilados que cobran hasta $1.300.000 alcancen el 82% del haber bruto del activo. El beneficio alcanzará a 52.438 personas. “Se está respetando el 82% núcleo duro”, aseguró el gobernador.
Además, se modificará el artículo 58 de la Ley 8.024, que regula el llamado “aporte solidario” de los pasivos de mayores ingresos. El piso para comenzar a tributar se eleva de $1.260.000 a $1.890.000, y se establece una nueva escala progresiva de entre el 5% y el 20%. Con este cambio, 9.856 beneficiarios dejarán de pagar ese aporte.
Las nuevas alícuotas quedarán así: entre $1.890.000 y $2.100.000, 5%; entre $2.100.000 y $2.520.000, 10%; entre $2.520.000 y $2.940.000, 15%; y más de $2.940.000, 20%.
Por último, Llaryora anunció un esquema de compensaciones para evitar que las modificaciones impliquen una baja en los ingresos actuales. La aplicación de las nuevas alícuotas no significará una disminución de los haberes de activos y pasivos respecto a noviembre de 2025, ya que se otorgarán compensaciones “a cuenta de futuros aumentos”.
“Son momentos difíciles, y la manera de salir adelante es todos juntos, innovando, sumando nuevas soluciones y escuchando las críticas”, concluyó el gobernador, al presentar lo que definió como el rumbo para sostener el sistema previsional provincial.