Mientras el presidente Javier Milei proclama a los cuatro vientos que vino a “terminar con la casta”, su gobierno empieza a poblar los organismos de control con nombres que arrastran viejos escándalos y prácticas del pasado. La designación de Mónica Almada como auditora general de la Nación es una muestra clara de esa contradicción: una funcionaria marcada por el corralito de 2001 que ahora deberá auditar el uso de los fondos públicos.
De la promesa de transparencia a los pactos de siempre
La llegada de Almada a la Auditoría General de la Nación (AGN) no fue fruto de un concurso ni de un acuerdo amplio, sino de una negociación política exprés en Diputados, impulsada por La Libertad Avanza y aliados circunstanciales. La oposición se retiró del recinto denunciando irregularidades en el procedimiento. Así, un organismo clave para el control del Estado quedó en manos de dirigentes designados a libro cerrado, sin debate ni consensos.
Lejos de fortalecer la transparencia, el oficialismo parece haber optado por copar los organismos de control con leales, incluso cuando esos nombres cargan con antecedentes que chocan de frente con el discurso anticorrupción.
Un pasado que no se borra: el corralito
El nombre de Mónica Almada quedó grabado en la memoria pública durante el corralito de 2001. En aquel entonces, como directora del Banco Ciudad, precanceló y retiró un plazo fijo por más de 300 mil dólares horas antes de que se impusieran las restricciones que dejaron a millones de argentinos sin poder tocar sus ahorros.
Mientras jubilados, trabajadores y comerciantes golpeaban las puertas de los bancos, Almada lograba poner a salvo su dinero. La explicación posterior —una supuesta operación inmobiliaria— nunca disipó el escándalo. La presión política la obligó a devolver los fondos y renunciar, pero el mensaje quedó claro: algunos siempre tienen información y privilegios antes que el resto.
Que hoy una figura con ese antecedente sea presentada como garante de la legalidad y el control del gasto público resulta, como mínimo, provocador.
El mileísmo y la nueva casta
El caso Almada no es aislado. Desde que asumió Milei, se multiplican las señales de una nueva casta libertaria:
designaciones a dedo, funcionarios reciclados de gobiernos anteriores, vínculos con empresarios amigos y un uso discrecional del poder mientras se ajusta a jubilados, universidades y sectores vulnerables.
El relato de la motosierra contra los privilegios convive con sueldos dolarizados para funcionarios, viajes oficiales opacos y nombramientos sin control parlamentario real. La supuesta cruzada moral empieza a mostrar grietas.
Auditar al Estado… desde adentro del poder
La AGN debería ser un organismo independiente, encargado de revisar cuentas, contratos y decisiones del Ejecutivo. Pero con nombramientos como el de Almada, el mensaje es otro: el control queda en manos de personas alineadas al poder político que deben auditar.
¿Cómo puede el ciudadano confiar en que se investigarán irregularidades si quienes deben hacerlo responden al mismo gobierno que manejan los recursos? ¿Quién va a revisar los negocios, las licitaciones o los acuerdos cuando el control está colonizado?
Un símbolo de época
Mónica Almada se convierte así en un símbolo del mileísmo real, no del declamado:
el de los discursos incendiarios contra la casta, pero con prácticas viejas, nombres reciclados y escasa vocación de transparencia.
Del corralito a la AGN, su recorrido refleja una constante de la política argentina: los escándalos no inhabilitan, parecen ser apenas un antecedente más en el currículum.
Y mientras tanto, el gobierno que prometió barrer con la corrupción empieza a parecerse demasiado a aquello que juró destruir.