En Villa Allende la propuesta del intendente Pablo Cornet de implementar el “Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal” ha desatado una fuerte controversia. La iniciativa, aprobada por el Concejo Deliberante el 15 de mayo de 2025 con el respaldo de la mayoría oficialista, contempla el cierre nocturno de calles secundarias en varios barrios entre las 22:00 y las 6:00, la instalación de 250 cámaras lectoras de patentes, 57 domos policiales, cinco nuevos móviles de Seguridad Ciudadana y la capacitación de personal. Sin embargo, la medida ha generado un intenso debate, con vecinos autoconvocados, concejales opositores y especialistas cuestionando su legalidad, efectividad y consecuencias sociales.
El programa, presentado como una respuesta al aumento de hechos delictivos, busca restringir el acceso a barrios como Lomas Sur, Pan de Azúcar, La Cruz, La Amalia, Jardín Epicuro, San Alfonso, El Ceibo y Villa Allende Parque mediante portones metálicos de dos metros de altura. Según el intendente Cornet, la medida apunta a disuadir a los delincuentes, concentrar el monitoreo en arterias principales y reducir las vías de escape utilizadas por quienes cometen robos, muchos de los cuales, según el municipio, provienen de localidades cercanas. “Es un sistema preventivo. La idea es que los ladrones sepan que va a ser difícil ingresar a Villa Allende”, afirmó.
Sin embargo, la oposición vecinal ha sido contundente. Desde enero de 2025, cuando se anunció el proyecto, vecinos autoconvocados han organizado protestas, caravanas, festivales y recolecciones de firmas, logrando reunir cerca de 3.000 adhesiones contra la ordenanza. Argumentan que el cierre de calles vulnera derechos constitucionales como la libre circulación, consagrada en el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 19 de la Constitución de Córdoba, además de violar la Carta Orgánica municipal, que garantiza el uso de los bienes públicos. “Nos van a encerrar en nuestros propios barrios, esto no es seguridad, es segregación”, expresó Ricardo Panzetta, uno de los vecinos que lidera las protestas.
El 13 de junio, dos recursos de amparo fueron presentados ante la Cámara Contencioso Administrativa 1 de Córdoba por vecinos autoconvocados y concejales opositores, como Marta Banegas (UCR) y Julio Loza (Elegí Villa Allende). Los demandantes, representados por los abogados Hugo Yagüe y Pablo Agüero Piñero, sostienen que la ordenanza 14/25 es inconstitucional y discriminatoria, ya que el “Registro de Oposición” —un mecanismo de consulta vecinal que requiere menos del 40% de rechazo para implementar el cierre— excluye a inquilinos y no propietarios, limitando la participación ciudadana. Además, citan un informe del Ministerio Público Fiscal de Córdoba (febrero de 2025) que muestra una disminución de denuncias penales en Villa Allende entre 2023 y 2024, contradiciendo la justificación del municipio sobre un supuesto aumento delictivo.
Críticos como el abogado constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe y el arquitecto Sebastián Cortez Oviedo han advertido que la medida fomenta la “guetización” de la ciudad, promoviendo una segregación que atenta contra la cohesión social y el carácter público de las calles. “Cerrar calles no resuelve el delito, pero sí restringe la vida de los vecinos”, afirmó Yagüe. También se han señalado preocupaciones prácticas, como el riesgo de quedar atrapados en caso de emergencias, como inundaciones, y la desvalorización de propiedades debido a los portones.
El intendente Cornet, por su parte, defiende la iniciativa, asegurando que responde a las demandas de vecinos afectados por robos y que no implica un “toque de queda”, ya que las arterias principales permanecerán abiertas. Además, destaca que los barrios que superen el 40% de oposición en el Registro, que comenzará el 7 de julio a través de Ciudadano Digital (Cidi) nivel 2, no tendrán cierres, aunque seguirán contando con cámaras y patrullajes. Sin embargo, la falta de estudios técnicos que avalen la efectividad de la medida y la percepción de una “campaña de desinformación” denunciada por el municipio han avivado las tensiones.
El debate también adquirió dimensión nacional, con figuras como la diputada libertaria Lilia Lemoine criticando el proyecto como “castrochavista” y comparando a Cornet con Nicolás Maduro, lo que generó roces dentro del espacio político del PRO, al que pertenece el intendente. Por otro lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó su apoyo, sugiriendo ajustes operativos.
A medida que la Justicia analiza los amparos y los vecinos preparan nuevas movilizaciones, Villa Allende se encuentra en un punto de inflexión. La polémica no solo refleja la preocupación por la inseguridad, sino también un choque de visiones sobre el espacio público, los derechos ciudadanos y la forma de abordar el delito en una ciudad que busca soluciones sin sacrificar su identidad.